Bolaños niega haber contratado a la asesora de Begoña Gómez pero defiende su puesto como “habitual” en Moncloa

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado haber participado en la contratación de Cristina Álvarez, la asesora que trabajó para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Sin embargo, ha defendido ante el instructor que la incorporación de Álvarez a la estructura de Moncloa fue “legal y normal”, ya que la mujer del jefe del Ejecutivo “siempre ha tenido” personal de apoyo, como –según dijo– ocurre con las parejas de otros presidentes.

La declaración se ha producido en La Moncloa, a petición del propio ministro, alegando razones de seguridad. Durante más de dos horas, Bolaños ha respondido a las preguntas del juez que instruye la pieza separada por malversación de caudales públicos, abierta en el marco de la causa que investiga el presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez.

El foco de la diligencia judicial es esclarecer si Cristina Álvarez, contratada en julio de 2018 como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, ejercía funciones exclusivamente institucionales o si su labor favoreció intereses particulares de Gómez, especialmente en relación con la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense.

Bolaños: “No participé, ni conocía a Álvarez”

El ministro ha insistido en que no conocía a Álvarez antes de su contratación y que desconoce quién la propuso, remitiendo al coordinador de personal del complejo de la Moncloa, Raúl Díaz Silva, como el responsable de certificar su incorporación. Díaz Silva fue quien firmó el documento en el que se justificaba su labor como “tareas de colaboración inmediata” con la esposa del presidente.

Durante la comparecencia, según fuentes jurídicas, el juez Peinado suspendió brevemente la sesión para que Bolaños intentara recabar información sobre el origen del nombramiento. El ministro regresó sin datos concluyentes y señaló a Díaz Silva como posible conocedor de esa decisión. A pesar de su negativa a haber intervenido, Bolaños ocupaba en ese momento la Secretaría General de Presidencia, el órgano competente en la gestión de personal eventual de La Moncloa.

Álvarez admitió apoyo “personal” a Gómez

La versión de Bolaños contrasta con la ofrecida previamente por la propia Cristina Álvarez, quien reconoció ante el juez haber solicitado financiación para la cátedra de Gómez como un “favor personal”. Además, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la asesora intervino en correos electrónicos relacionados con la Universidad Complutense, contratos de cesión de derechos sobre la web del máster, e incluso solicitó apoyo económico a Reale Seguros, uno de los patrocinadores del programa académico.

Estos movimientos llevaron al juez Peinado a abrir una nueva línea de investigación por presunta malversación, en la que el ministro ha testificado este miércoles como testigo.

¿Un puesto “normal” para una primera dama?

Bolaños ha defendido que el puesto de Álvarez, aunque no esté regulado expresamente, es “habitual” en la estructura de apoyo a la figura de la pareja del presidente del Gobierno, comparándolo con precedentes de anteriores inquilinos de La Moncloa. Sin embargo, no existe una disposición legal específica que contemple esa figura, y su función no aparece definida en los reglamentos del Ejecutivo.

La asesora percibe un sueldo de más de 52.000 euros brutos anuales, y desde su designación ha estado integrada en la estructura de Presidencia, con funciones logísticas y de gestión de agenda, según el Gobierno.

Origen y sospechas

El nombramiento de Álvarez se produjo el 16 de julio de 2018, poco después de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Las acusaciones apuntan a que Begoña Gómez contactó directamente con ella, dado su vínculo profesional previo, y la colocó en el entorno de Presidencia para facilitar su labor con la cátedra universitaria y otros proyectos académicos.

Desde entonces, la asesora aparece en múltiples comunicaciones internas con entidades públicas y privadas relacionadas con actividades que beneficiaban directamente a Begoña Gómez, algo que para la acusación podría suponer un uso irregular de recursos públicos.

La comparecencia de Bolaños se produce en plena tormenta judicial por los casos Koldo y Begoña Gómez, que salpican al entorno más cercano de Pedro Sánchez. Mientras el ministro se desvincula de la contratación de la asesora, los informes de la UCO y las revelaciones periodísticas han agitado el debate sobre la opacidad en el uso de fondos públicos en el entorno presidencial.

Peinado, además, ha rechazado que Bolaños pudiera declarar por escrito, al considerar que los hechos bajo investigación ocurrieron cuando ejercía otro cargo distinto al actual. De ahí que el testimonio, aunque prestado en Moncloa, tuviera carácter presencial.

Félix Bolaños defiende que no fue suya la decisión de contratar a Cristina Álvarez, pero respalda su legalidad. El juez Peinado continúa investigando si dicha contratación ocultaba un uso de recursos públicos en beneficio de actividades privadas de Begoña Gómez, un aspecto que será clave para determinar si se produjo o no malversación de caudales públicos en el entorno más cercano del presidente del Gobierno.