Blindados por contrato: el secreto que protege al Gobierno tras la tragedia de Adamuz

A medida que avanza la investigación sobre el accidente ferroviario de Adamuz, que provocó la muerte de 45 personas, surgen nuevas preguntas y se cierran canales clave de información. El foco de los peritos está ahora sobre los carriles del punto kilométrico 318, donde el tren Iryo comenzó su descarrilamiento el pasado 18 de enero. Sin embargo, las empresas implicadas en la renovación, fabricación y supervisión de la vía guardan silencio por imperativo legal: están sometidas a cláusulas de confidencialidad que las blindan hasta el año 2030.

Fuentes de varias contratas involucradas en los trabajos, entre mayo y junio de 2025, han confirmado a THE OBJECTIVE que han recibido avisos del Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, recordándoles que no pueden revelar datos técnicos ni operativos sobre las obras sin una solicitud judicial expresa. Las cláusulas contractuales firmadas durante la adjudicación impiden compartir información incluso con medios de comunicación o investigadores externos.

Este bloqueo informativo, coordinado entre Transportes y Adif, impide acceder al verdadero alcance de la renovación integral del tramo, defendida por el ministro, o a la reforma parcial que reconoció el presidente de Adif en su última comparecencia. La única información disponible públicamente son los expedientes de adjudicación y pliegos técnicos. Sin embargo, en varios de estos documentos alojados en plataformas digitales oficiales, se muestran actualmente mensajes de error o enlaces rotos, lo que impide el acceso a partes esenciales de las obras realizadas.

Este hermetismo contrasta con la magnitud del desastre. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya ha señalado que la rotura de una soldadura entre un carril de 1989 y otro de 2023 es la causa más probable del siniestro. Pero el acceso a los informes de control de calidad, informes de auscultación y comunicaciones internas entre adjudicatarios y la administración permanece bloqueado por contrato.

Entre las empresas involucradas en los proyectos afectados están Azvi, parte de la UTE adjudicataria de la renovación de la línea Madrid-Sevilla, así como la fabricante de los raíles, ArcelorMittal, encargada de transportar los materiales al lugar de instalación mediante un ferrocarril especial. Ambas entidades conocen en detalle los materiales, soldaduras y procesos ejecutados, pero tienen prohibido revelar información hasta al menos 2030.

El contenido de las cláusulas contractuales impone que el deber de confidencialidad se mantendrá durante cinco años desde la finalización de los contratos. En el caso del tramo de Adamuz, ejecutado y entregado a finales de junio de 2025, esta obligación se extiende hasta junio de 2030. Solo una orden judicial podría forzar la liberación de esa información antes de la fecha.

ADIF matiza que la confidencialidad no afecta a aspectos no técnicos como las liquidaciones, empresas subcontratadas o los plazos de ejecución, pero no permite difundir aspectos técnicos esenciales, como el tipo de soldadura aplicada, la calidad del acero utilizado o los métodos de auscultación aplicados.

Mientras tanto, se acumulan las sospechas. Algunos documentos de obra sobre la renovación de desvíos (fase 2) en la línea de alta velocidad presentan errores al intentar acceder a las notas técnicas. Se trata de comunicaciones emitidas por ADIF a los licitadores con descripciones detalladas de las labores previstas. Esa documentación —que permitiría esclarecer qué tramos se renovaron y cuáles no— ha desaparecido de la red, según han constatado periodistas de investigación.

Todo esto ocurre mientras el Ministerio de Transportes intenta desviar la atención hacia el fabricante de la vía, en busca de precedentes que respalden una eventual acción judicial contra ArcelorMittal. No obstante, el cerco judicial también alcanza a Ayesa, empresa que supervisó la soldadura fallida y que irá a juicio por su implicación en el caso del 3%, acusado de amañar contratos públicos a cambio de pagos corruptos a partidos políticos.

En este contexto, crece la presión para que el Gobierno permita el acceso público a la documentación técnica del proyecto. Las víctimas, los familiares y la ciudadanía exigen transparencia, mientras la justicia y la opinión pública intentan dilucidar si lo ocurrido en Adamuz fue un trágico accidente... o el resultado de una cadena de negligencias y silencios protegidos por contrato.