Los beneficios penitenciarios vacían las cárceles de etarras

Más de la mitad de los presos de ETA ya no cumple íntegramente su condena en prisión, según los últimos datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). De los 125 reclusos vinculados a la banda que permanecen condenados, solo 58 continúan en segundo grado, es decir, en régimen ordinario entre rejas las 24 horas.

La reciente concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario al etarra ‘Txeroki’, así como otros beneficios a distintos reclusos, ha reavivado la polémica sobre la política penitenciaria aplicada en los últimos años, según publica VozPopuli.

58 etarras en segundo grado

Según las cifras correspondientes a noviembre de 2025:

• 58 etarras permanecen en segundo grado.

• 54 están en tercer grado (régimen de semilibertad).

• 12 disfrutan del artículo 100.2, que permite compatibilizar el segundo grado con salidas controladas.

En total, 66 reclusos pueden salir a la calle durante todo el día o parte de él. La mayoría de los presos están asignados a cárceles del País Vasco tras el traspaso de competencias penitenciarias.

Qué implica el artículo 100.2

El artículo 100.2 permite flexibilizar el cumplimiento de la condena sin necesidad de conceder el tercer grado. Bajo este régimen, el interno puede salir para trabajar o realizar actividades formativas, aunque debe pernoctar en prisión.

En el caso del tercer grado, la normativa contempla incluso la posibilidad de no dormir en el centro penitenciario si el recluso acepta control telemático.

Evolución desde 2018

El momento de mayor número de etarras en prisión se registró a finales de 2008, cuando había más de 750 reclusos vinculados a la banda. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, casi un centenar ha quedado en libertad por cumplimiento de condena u obtención de beneficios penitenciarios.

Las asociaciones de víctimas denuncian que la aplicación de estos mecanismos supone, a su juicio, una estrategia para reducir progresivamente la presencia de etarras en prisión. Desde el Gobierno se sostiene que las decisiones se ajustan a la legalidad vigente y a la normativa penitenciaria.

Debate sobre la política penitenciaria

El debate gira en torno al margen de interpretación de la legislación penitenciaria, que permite la concesión de beneficios siempre que se cumplan los requisitos formales.

Las asociaciones reclaman cambios legales para que las víctimas puedan recurrir estas decisiones y exigen que se garantice el cumplimiento íntegro de las sentencias.

Actualmente resulta imposible determinar cuándo saldrá de prisión el último etarra, ya que influyen factores como posibles causas pendientes, revisiones judiciales o la concesión de nuevos beneficios conforme a la ley.