Begoña Gómez, ante un sábado decisivo en los juzgados de Plaza de Castilla

El calendario judicial no entiende de fechas simbólicas ni de fútbol. La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, está citada este sábado 27 de septiembre a las 18:00 en los juzgados de Plaza de Castilla para un acto procesal clave: la comunicación formal de su imputación por el delito de malversación, tal y como exige el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

Un paso que, sin ser declaración ni comparecencia probatoria, marca un giro decisivo en la instrucción del caso, al perfilar los cargos que podrían llevarla a juicio con jurado popular.

La coincidencia no es menor: se celebra justo después del derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid, en el día de guardia del juez instructor, Juan Carlos Peinado, que además cumple 71 años. Un dato que no pasa desapercibido, ya que el magistrado tiene un año exacto para jubilarse, plazo máximo para cerrar esta causa o dejarla encaminada.

Los otros citados: su asesora y el delegado del Gobierno

A la misma hora están convocados Cristina Álvarez, asesora personal de Gómez en la etapa investigada, y Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, ambos también imputados en esta pieza separada. El juez sospecha que la contratación de Álvarez en 2018 pudo haber sido fraudulenta y que esta habría desarrollado actividades privadas en beneficio de Gómez mientras percibía un sueldo público.

Según fuentes judiciales, la comparecencia busca cumplir con el trámite procesal previo a una posible apertura de juicio oral, donde cada imputado podrá conocer de forma concreta y detallada la calificación jurídica provisional de los hechos que se les atribuyen.

Acceso por el garaje, seguridad reforzada y nuevo material bajo análisis

Como en las cuatro ocasiones anteriores, la decana de los juzgados ha autorizado que Gómez acceda por el garaje por motivos de seguridad. En esta sesión, las partes podrán solicitar diligencias adicionales o pedir el archivo de las actuaciones, según recoge la normativa del tribunal con jurado. El juez decidirá, a la vista de esas peticiones, si continúa la instrucción o si da por concluida esta fase.

Mientras tanto, el magistrado ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice nuevos correos electrónicos aportados por el exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, quien habría intercambiado mensajes con Gómez y Álvarez sobre contrataciones, eventos y colaboraciones académicas.

El papel de Bolaños y la actuación del Supremo

En este sumario también figura la declaración como testigo del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien en 2018 era secretario general de la Presidencia del Gobierno. Peinado se desplazó a La Moncloa para interrogarle, y Bolaños negó haber participado en la contratación de Álvarez, alegando que no era su superior jerárquico y que desconocía sus funciones concretas.

«La figura de asistente de la mujer del presidente ha existido siempre», explicó el ministro, defendiendo la legalidad del proceso. Sin embargo, Peinado no dio por buenas sus explicaciones y pidió al Supremo que le investigara por malversación y falso testimonio. El Alto Tribunal rechazó la petición, al considerar que no había indicios suficientes para abrir causa.

Siete recursos clave pendientes en la Audiencia Provincial

Mientras tanto, la Audiencia Provincial de Madrid tiene sobre la mesa siete recursos que podrían modificar el rumbo de la causa. La Sección 23 resolverá varios de ellos entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre, días clave para el futuro procesal de la esposa del presidente.

Entre los asuntos pendientes están los recursos contra la imputación por malversación de Gómez y Álvarez, y la controvertida decisión del juez de solicitar todos los correos electrónicos personales y profesionales de ambas desde 2018 hasta la fecha.

Estos fallos llegarán apenas diez días antes de que Peinado decida si prorroga la instrucción otros seis meses, tal y como permite la declaración de causa compleja que ya acordó en abril. Fuentes del entorno judicial consideran probable que se conceda esa prórroga, a la vista de las diligencias aún pendientes y la información reciente recibida.