Begoña Gómez, más cerca del banquillo: estos son los 21 indicios que complican su futuro judicial

El futuro judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se complica cada vez más. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la investigación por malversación de fondos públicos en el marco del conocido caso Gómez, en el que también se indaga por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida.

Los magistrados de la Sección 23 han corregido al juez Juan Carlos Peinado, que el pasado marzo había decidido abrir una pieza separada para investigar las actividades de la esposa del presidente y de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. La Audiencia considera que las pesquisas deben integrarse en la causa principal, pero ratifica la validez de las investigaciones y mantiene la imputación por malversación, al entender que existió una «desviación de medios públicos» para fines privados.

Según el documento al que ha tenido acceso The Objective, la acusación popular —ejercida por la asociación Hazte Oír— ha presentado un extenso escrito en el que detalla 21 indicios concretos que, a su juicio, demostrarían el uso indebido de recursos públicos y la implicación directa de Begoña Gómez en una trama en la que se mezclan actividades académicas, privadas y gubernamentales.

Una relación de hechos que apunta a una “desviación de medios públicos”

El escrito de la acusación, registrado el pasado 29 de marzo, sostiene que la asistente de Moncloa, Cristina Álvarez, realizó durante años labores privadas para la esposa del presidente mientras cobraba un sueldo público de 52.000 euros brutos anuales. Esa «utilización de personal de Presidencia para fines particulares», subraya el texto, constituye un patrón continuado de malversación de caudales públicos.

Entre los 21 indicios presentados destacan las fechas, correos electrónicos, y actos oficiales en los que Begoña Gómez fue acompañada por su asistente, pese a tratarse de eventos ajenos a la agenda del Gobierno y vinculados a su actividad como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La Audiencia Provincial respalda la tesis de que existió una «interrelación directa entre los trabajos privados de Gómez y los medios públicos a disposición de Moncloa», señalando que la función de Álvarez habría servido para «favorecer el plan delictivo» de la investigada.

Correos, viajes y actos privados costeados desde Moncloa

La cronología presentada por la acusación arranca el 26 de febrero de 2019, cuando Begoña Gómez y su asistente acudieron juntas al primer encuentro estatal de emprendedoras Ruraltivity, organizado por Fademur.
A partir de ahí, el patrón se repite en actos sucesivos:

• El 30 de noviembre de 2020, ambas asistieron a la firma del convenio de creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Complutense, un acto estrictamente privado, según el escrito, «ajeno a las funciones institucionales de Moncloa».

• El 21 de mayo de 2021, participaron en la presentación de Conpymes, patronal beneficiada con una subvención pública de 1,5 millones de euros del Ministerio de Trabajo, entonces dirigido por Yolanda Díaz.

• En noviembre de 2021, viajaron a Soria para asistir a la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural (Presura), donde Gómez fue anunciada como directora de la cátedra TSC, sin referencia a su condición de esposa del presidente.

El documento también recoge correos enviados desde cuentas oficiales de Presidencia del Gobierno por parte de la asistente Cristina Álvarez a directivos de Reale Seguros, uno de los patrocinadores privados de la cátedra.

En uno de esos mensajes, fechado el 10 de noviembre de 2021, Álvarez escribió: «Me dice Begoña [Gómez] que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior». El uso de un correo de Moncloa para solicitar financiación privada se considera uno de los hechos más graves del caso.

La Audiencia avala la investigación y señala a Sánchez como “figura clave”

La resolución de la Audiencia Provincial ratifica la validez de las pruebas obtenidas por el juez Peinado, pero le insta a continuar la investigación dentro de la pieza principal para evitar duplicidades.

Los magistrados subrayan que si la malversación existió, se habría cometido “mediante la desviación de medios públicos”, concretamente por el uso del puesto y los recursos de Álvarez —empleada de Presidencia— para atender los intereses de la esposa del presidente.

El propio juez Peinado fue más allá en un auto reciente, al advertir que Pedro Sánchez desempeñó un papel “fundamental” en la trama por su relación de parentesco y la posición de influencia derivada de ella. Según el magistrado, la protección institucional de la Presidencia habría permitido prolongar las actividades de la cátedra y facilitar su financiación privada.

El riesgo de un juicio con jurado popular

La Audiencia también determina que, si finalmente se llega a juicio, Begoña Gómez sería juzgada por un único tribunal popular, en una causa unificada que englobaría todos los delitos presuntamente cometidos: malversación, tráfico de influencias, intrusismo, corrupción y apropiación indebida.

Fuentes jurídicas consultadas por The Objective advierten de que esta decisión podría ser contraproducente para la defensa de la esposa del presidente, ya que «la valoración conjunta de los hechos permite una conclusión más sólida sobre la intencionalidad delictiva».

En otras palabras, los indicios de cada delito refuerzan a los demás, al compartir el mismo núcleo de hechos: el uso de una estructura universitaria y de personal público para actividades privadas con beneficios económicos.

Un entramado cada vez más difícil de justificar

Los 21 indicios documentados conforman una red que, según la acusación, demuestra una colaboración continuada y consciente entre Begoña Gómez y su asistente pública. Desde la organización de eventos y viajes hasta el intercambio de correos con empresas patrocinadoras, el uso de recursos públicos fue constante y funcional a los intereses privados de la esposa del presidente.

En varios mensajes, la asistente se presentaba ante directivos de empresas y responsables universitarios como “colaboradora de la Cátedra de Begoña Gómez”, lo que, según los investigadores, creaba una apariencia de oficialidad y respaldo institucional que no existía.

La Audiencia de Madrid considera probada esa «mezcla de planos público y privado», y sostiene que de confirmarse, estaríamos ante un caso de desviación de recursos del Estado para fines personales, algo que la jurisprudencia considera una forma agravada de malversación.