Un informe de Hacienda destapa que Red.es manipuló contratos a favor de Barrabés
Documentos modificados, metadatos borrados y criterios ocultos confirman un procedimiento “ilegal y arbitrario” que comprometió fondos europeos
Un informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), remitido a la Fiscalía Europea el pasado 2 de agosto de 2025, ha revelado múltiples irregularidades en tres contratos de formación adjudicados por Red.es entre 2020 y 2021, por un importe total de 8,4 millones de euros, parte de ellos con cargo a fondos comunitarios.
Los contratos acabaron en manos de empresas del Grupo Barrabés, que fueron respaldadas mediante cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El documento, al que ha tenido acceso OkDiario, se encuentra ya en la Audiencia Nacional, aunque por el momento no está judicializado.
Instrucciones para bajar puntuaciones y fórmulas erróneas
El informe detalla una anotación especialmente llamativa: en uno de los documentos de valoración figura «una anotación de la que parece deducirse que la valoradora recibió una instrucción de bajar la puntuación a un licitador, sin que figure el motivo».
El perito denuncia que la fórmula aplicada para valorar el precio estaba manipulada, ya que incluía un mínimo fijo de 5 puntos para todas las ofertas, reduciendo drásticamente el peso de la variable económica. Así, aunque los pliegos establecían un 60 % económico y 40 % técnico, en la práctica la ponderación real era de 42,86 % económico frente a 57,14 % técnico.
«La fórmula utilizada por Red.es amortigua de manera muy importante las diferencias de puntuación derivadas de las diferencias en los precios ofertados, beneficiando a las ofertas más caras», señala el documento.
Valoración irregular y cartas de apoyo de Gómez
El informe considera ilegal que la Mesa de Contratación, en lugar de un Comité de Expertos independiente, realizara la valoración técnica de las ofertas.
El director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto, firmó informes «no usuales» en los que las ofertas de la UTE adjudicataria —Innova Next SLU y The Valley Digital Business School— eran usadas como referencia constante.
Además, se valoraron elementos no previstos en los pliegos, como currículos de profesores y cartas de apoyo de grandes compañías. Una de ellas, con pie de página, advertía que «no constituye oferta, promesa u opinión vinculante».
Pese a ello, las cartas fueron consideradas como «acuerdos» que sumaron puntos. Entre ellas se encontraban las firmadas por Begoña Gómez, que fueron clave en el proceso. El perito sentencia: «Valorar elementos que no figuran en los pliegos es arbitrario y contraria al principio de igualdad, adulterando la valoración técnica».
Exclusiones irregulares y documentos modificados
El informe también detalla la exclusión irregular de una unión temporal de empresas cuya oferta fue considerada anormalmente baja. Aunque la compañía presentó su justificación en plazo, Red.es alegó «una incidencia informática» para declarar que no había recibido la documentación.
La motivación, según el perito, fue «inadecuada e insuficiente», y la exclusión «podría estar incursa en causa de nulidad de pleno derecho».
Además, la investigación detectó que algunos documentos habían sido modificados en fechas recientes y que los metadatos habían sido borrados. La Unidad de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil verificó que «no son técnicamente los mismos» que los originales, aunque no encontró pruebas de alteración del contenido.
Impacto político y judicial
El informe pericial, con membrete del Ministerio de Hacienda por la adscripción de la IGAE, concluye que el procedimiento «benefició injusta e ilegalmente» a determinados licitadores en perjuicio de otros, comprometiendo el uso de fondos europeos.
Este documento podría convertirse en una pieza clave en la investigación de la Fiscalía Europea sobre el uso fraudulento de fondos comunitarios en contratos vinculados a empresas relacionadas con el entorno de Begoña Gómez.
Si el caso avanza, podría desembocar en un macrojuicio en la Audiencia Nacional por un presunto fraude que combina corrupción, manipulación de concursos públicos y desvío de recursos europeos.