Ayuso lleva al Constitucional el decreto migratorio de Sánchez: "No vamos a cooperar con su caos migratorio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez que modifica la Ley de Extranjería e impone unilateralmente a las comunidades autónomas el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados (MENAS).

En un comunicado a través de sus redes sociales, Ayuso ha detallado los motivos jurídicos y políticos que sustentan la impugnación del decreto, al que califica de "caótico, invasivo y contrario a la Constitución".

"Presentamos recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra el Real Decreto que modifica la Ley de Extranjería y el reparto de menores", ha señalado Ayuso. "Nuestro gobierno cumple la ley, por eso ya atendemos a miles de menores. Pero no vamos a cooperar con el caos migratorio del Gobierno".

Las claves del recurso de inconstitucionalidad

Según ha explicado la presidenta madrileña, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales, vulnera la autonomía financiera de las regiones y debería haberse tramitado como Ley Orgánica, al afectar a derechos fundamentales y al régimen constitucional de reparto de competencias.

Los argumentos principales del recurso incluyen:

• Invasión de competencias autonómicas exclusivas.

• Vulneración de la autonomía financiera de la Comunidad.

• Tramitación inadecuada: debería haberse hecho por Ley Orgánica.

• Vulneración de derechos fundamentales del menor.

• Incremento descontrolado de los problemas derivados de la inmigración ilegal.

• Falta de memoria económica que respalde la medida.

• Pacto opaco con partidos independentistas, sin diálogo institucional.

"Vulnera los principios de lealtad administrativa al haber sido negociado únicamente con partidos independentistas", ha criticado Ayuso, en referencia al acuerdo entre el Gobierno y Junts para facilitar la aprobación del decreto.

Madrid ya atiende a miles de menores, pero se niega a "legitimar el caos"

La Comunidad de Madrid ha insistido en que su Gobierno cumple con la ley y ya atiende a miles de menores migrantes dentro de sus competencias, pero se niega a participar en una política impuesta, sin recursos, sin planificación y sin respeto institucional.

"El Gobierno nos quiere hacer responsables de un problema que ellos mismos han generado. En lugar de gestionar con responsabilidad, imponen, improvisan y pactan a espaldas de las comunidades", explican fuentes del Ejecutivo madrileño.

Ayuso acusa al Ejecutivo de Sánchez de buscar "un efecto llamada" con una política migratoria "irresponsable y desbordada", y de convertir a los menores en "moneda de cambio político" para contentar a sus socios de investidura.Una medida pactada con Junts y sin consenso institucional

El Real Decreto fue aprobado tras un acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya, en el que se contemplaba que las comunidades autónomas asumieran un mayor número de menores inmigrantes, redistribuidos desde Canarias, Ceuta y Melilla.

Desde la Comunidad de Madrid, denuncian que la medida no fue discutida con las comunidades en el Consejo Interterritorial, ni negociada en los términos que exige el principio de lealtad institucional recogido en la Constitución.

"Es inaceptable que se negocie el reparto de menores con partidos independentistas mientras se ignora a los gobiernos autonómicos responsables de su acogida", ha señalado Ayuso.

Ayuso marca perfil institucional frente al desorden del Gobierno

Con este recurso ante el Tribunal Constitucional, Isabel Díaz Ayuso se sitúa como líder institucional firme frente al desgobierno del Ejecutivo central. El mensaje es claro: Madrid cumple, pero no se someterá a políticas impuestas sin respaldo legal, sin recursos y sin respeto a las competencias autonómicas. "Nada justifica este desorden. La política migratoria debe ser seria, coordinada y respetuosa con las comunidades. Este decreto solo alimenta el caos", concluyen desde su equipo.