La Audiencia de Sevilla ha dictado un auto en el que pide a la Fiscalía y a las acusaciones que informen sobre la solicitud de suspensión de las penas de cárcel impuestas por el caso de los ERE a nueve ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia Provincial requiere el cumplimiento de la pena impuesta a otros seis altos cargos condenados a inhabilitación, entre ellos el expresidente Manuel Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.  

Según el auto en contra de las sentencias del caso ERE dictadas no se admite recurso alguno. Sin embargo, la Audiencia Provincial pide al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas que informen sobre las solicitudes de indulto presentadas en favor de nueve condenados, todo ex altos de la Junta y entre los que se encuentra José Antonio Griñán. Hasta entonces, el ex presidente socialista de la Junta de Andalucía no tendrá que ingresar en la cárcel.
 

Sentencia firme
 

Cabe recordar que, la sentencia es firme. El Tribunal Supremo notificó hace cerca de un mes una sentencia histórica y un castigo ejemplar después de que se iniciara la investigación del escándalo de los ERE. El Alto Tribunal ratificaba así la condena de prisión del ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y a otros ocho ex altos cargos socialistas por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados. Se confirmaba así la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a Griñán a seis años de cárcel y quince de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada y a nueve años de inhabilitación al también ex presidente de la Junta y del PSOE Manuel Chaves.

El Supremo confirmó entonces que los gobiernos de Chaves y Griñán, que ejercieron el poder en Andalucía durante 23 años de forma ininterrumpida, pusieron en marcha una fórmula ágil para acallar el descontento social y pagar las prejubilaciones de 6.000 empleados víctimas de la crisis industrial que azotó Andalucía a finales de los años noventa. El sistema pretendía eludir los férreos controles de la Intervención General, que anteriormente había puesto reparos al modo de reparto del dinero. La sentencia de la Audiencia de Sevilla calificó ese sistema de «fraudulento» e «ilegal» porque provocó un «descontrol absoluto» sobre los 680 millones distribuidos con el propósito de garantizar la «paz social».