La Audiencia Nacional cita como imputados a Pardo de Vera y Javier Herrero por su papel en la trama Koldo
El juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha citado a declarar el próximo 21 de julio como investigados a la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al ex director general de Carreteras, Javier Herrero Lizano, por su presunta implicación en adjudicaciones irregulares de obras públicas vinculadas a la red liderada por el exasesor ministerial Koldo García.
La citación llega tras la remisión del Tribunal Supremo, que detectó “indicios consistentes” de que ambos altos cargos facilitaron información privilegiada y participaron activamente en adjudicaciones que favorecieron a empresas conectadas con la trama investigada. El registro de sus domicilios y de las sedes de Adif y el Ministerio de Transportes por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) se llevó a cabo el pasado 26 de junio.
Coordinación con el exministro Ábalos y su entorno
Según el informe remitido por el Supremo, Pardo de Vera y Herrero habrían colaborado con la trama siguiendo directrices que partían del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, a través de Koldo García, su asesor de máxima confianza. La asistencia habría consistido en adelantar información clave sobre expedientes, como fechas de apertura de ofertas o salidas a licitación, con el objetivo de que las empresas designadas por la red tuvieran ventaja competitiva.
Esta línea de investigación se suma a otra ya en curso sobre la contratación de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec), también vinculada a Pardo de Vera, que ya declaró como testigo en el Supremo y en la Audiencia Nacional.
Con esta decisión, el juez Moreno reformula su estrategia procesal, abriendo una pieza separada centrada en los mecanismos administrativos utilizados para desviar contratos públicos hacia intereses personales o partidistas. El procedimiento principal comenzó con la investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, pero ha derivado en una trama de presunto tráfico de influencias, malversación y prevaricación administrativa que salpica a altos cargos del anterior Ministerio de Transportes.