Asociaciones civiles piden frenar el rumbo del Gobierno y reclaman elecciones generales

Más de cien asociaciones civiles han convocado a los ciudadanos a manifestarse este domingo 20 de octubre a las 12:00 horas en la Plaza de Castilla, Madrid, con el objetivo de reclamar elecciones generales anticipadas y defender lo que denominan como los valores fundamentales de la democracia española. La convocatoria ha sido impulsada por la Plataforma por la España Constitucional, que agrupa a estas organizaciones con el propósito de expresar su preocupación ante el deterioro institucional del país.

El comunicado emitido por la Plataforma insiste en que los españoles no pueden permitirse la inacción en el actual contexto político: «La pasividad, no hacer nada, el desánimo y el desistimiento no son una opción en las actuales circunstancias en las que urge cambiar el actual rumbo decadente de nuestra democracia». El manifiesto destaca la necesidad de que los ciudadanos, sin importar su orientación política, se movilicen para defender una España unida y con igualdad de derechos para todos.

Según el manifiesto, esta movilización no solo tiene relevancia nacional, sino que también busca llamar la atención en el ámbito europeo, subrayando el rechazo que generan las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto dentro como fuera del país. Las asociaciones señalan que estas medidas representan una amenaza para la estabilidad institucional y que el actual Gobierno no está cumpliendo con los principios democráticos.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha revelado presuntas tramas de corrupción vinculadas al PSOE y al Ejecutivo, se menciona como una de las razones clave de la protesta. «El deterioro institucional de España se acelera a ojos vista», afirman, añadiendo que estas prácticas forman parte de un proceso de descomposición de la democracia instaurada tras la Transición española. La Plataforma critica duramente acciones gubernamentales como la politización de las instituciones públicas, la presión sobre jueces y medios independientes, así como la "confiscatoria" política fiscal que favorece a ciertos sectores sociales a cambio de apoyo electoral.

Las organizaciones civiles acusan al PSOE de estar inmerso en un proceso de "deconstituyente", cuyo fin sería repartir el poder de manera permanente entre sus socios políticos. Además, se refieren a la implicación del régimen venezolano, citando la polémica visita de Delcy Rodríguez a España, como un elemento clave en la corrupción gubernamental. «La red de corrupción en el seno del Gobierno, con implicación de varios ministerios y personas de la máxima relevancia, es parte forzosa de este proceso corruptor», añaden en su manifiesto.

La manifestación ha recibido el apoyo de los partidos de oposición Partido Popular (PP) y Vox, que han confirmado su asistencia. El PP estará representado, entre otros, por Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, y Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización. El senador y secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, ha expresado que «es un deber cívico poner fin a este Gobierno corrupto y lo que está haciendo es romper nuestra democracia». Por su parte, Vox, con la presencia de su líder Santiago Abascal, estará acompañado por figuras destacadas del partido, como José María Figaredo y Jorge Buxadé.

Además de la corrupción, se hace referencia a otros aspectos que motivan la protesta, como la reciente reforma legal que beneficiará a antiguos miembros de la organización terrorista ETA y la negativa del PSOE a apoyar una ley que buscaba evitar la inclusión de exmiembros de ETA en las listas electorales, como ocurrió en las elecciones del pasado 28 de mayo. Asimismo, el caso de la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, se suma a las preocupaciones sobre el funcionamiento del sistema judicial bajo el actual Gobierno.

Finalmente, la Plataforma advierte sobre lo que considera un proceso de "bolivarización" de España, donde el Gobierno intenta minimizar la gravedad de los hechos y generar una apariencia de normalidad, algo que califican como una estrategia para adormecer la conciencia ciudadana.