La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha presentado una demanda ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo solicitando la anulación del Real Decreto del Consejo de Ministros que confirmó la reelección de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Esta acción legal se fundamenta en la "falta de idoneidad" de García Ortiz para el cargo debido a una serie de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves en el ejercicio de sus obligaciones, así como por su perfil "progubernamental" en el desempeño de sus funciones.

Según la APIF, uno de los principales desaciertos de García Ortiz fue el nombramiento polémico de Dolores Delgado como fiscal de Sala Togada de lo Militar, que fue posteriormente anulado por el Supremo debido a una desviación de poder. Este hecho, junto con otras acciones cuestionables durante su mandato, según la asociación, justificaría la no renovación de su cargo como fiscal general del Estado.

Además, la demanda también menciona otros incidentes que complican la continuidad de García Ortiz en el cargo, como expedientes disciplinarios a fiscales por hechos neutros jurídicamente, quejas de los miembros de la Carrera por su silencio ante ataques recibidos por jueces y fiscales, y su negativa a permitir que el Consejo Fiscal se pronuncie en cuestiones de índole profesional.

La APIF también destaca el error de la Fiscalía General del Estado en la interpretación de la ley orgánica 10/2022 en relación con la reforma del Código Penal en los delitos contra la libertad sexual, lo que llevó a vincular a todos los fiscales de España hasta que fueron corregidos por los tribunales.