Este lunes marca el inicio de una fase crucial en las investigaciones parlamentarias sobre las adquisiciones de material sanitario durante la pandemia de COVID-19. Las comisiones parlamentarias encargadas de esta tarea recibirán a destacados exfuncionarios y actores clave en el proceso de compra y distribución de equipos médicos esenciales durante la crisis sanitaria que ha afectado al mundo entero.

En el Senado, la atención estará centrada en la comparecencia de Koldo García Izaguirre, quien ocupó el cargo de exasesor del exministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento. García Izaguirre se encuentra en el epicentro de una trama de supuestas mordidas vinculadas a la obtención de contratos públicos, un asunto que ha generado un intenso interés tanto en el ámbito político como en el judicial.

Después de varios intentos infructuosos, la Cámara Alta finalmente logró ubicar a García Izaguirre y le ha convocado para presentarse el lunes a las once de la mañana. A pesar de estar bajo investigación por parte de la Audiencia Nacional, García Izaguirre no está obligado a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, aunque se espera que ejerza su derecho a guardar silencio para evitar comprometer sus declaraciones judiciales y preservar su estrategia de defensa.

En el Congreso, la atención se dirigirá hacia la comparecencia del exministro de Sanidad y actual candidato del Partido Socialista de Cataluña (PSC) a la Generalitat, Salvador Illa. Durante su gestión al frente del Ministerio de Sanidad, Illa desempeñó un papel crucial en la coordinación de las medidas de respuesta a la pandemia y en la gestión de los recursos sanitarios. Su comparecencia se produce en un momento en que se examinan detenidamente las decisiones tomadas durante la crisis sanitaria, incluyendo las estrategias de adquisición y distribución de material sanitario.

Varias sesiones. La comparecencia de García Izaguirre y de Illa marcará el inicio de una serie de sesiones en las que se analizarán en detalle los procedimientos seguidos en la compra de material sanitario, así como posibles irregularidades que puedan haberse producido durante este proceso. Los resultados de estas investigaciones podrían tener importantes repercusiones políticas y legales en el futuro.

En términos logísticos, se han establecido diferencias en los formatos de interrogatorio entre el Senado y el Congreso. En la Cámara Alta, se asignará un periodo de 30 minutos para cada grupo parlamentario en caso de un único compareciente, y de 20 minutos si hay más de uno en la misma sesión. En el Congreso, el tiempo de interrogatorio se ha fijado en 15 minutos en todos los casos.

Además de las comparecencias de García Izaguirre e Illa, el Congreso recibirá también la visita de Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas. Chicano presentará los resultados de las siete fiscalizaciones realizadas por el tribunal sobre los contratos de emergencia para la compra de material anti-COVID suscritos en 2020 por diversos ministerios, comunidades autónomas, empresas públicas y organismos autónomos.

Estos informes revelarán detalles sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación y ejecución de estos contratos, lo que podría arrojar luz sobre posibles deficiencias en la gestión de la crisis sanitaria.

El fiscalizador detectó empresas que coparon contratos, retrasos en la ejecución de algunos de ellos y algunos defectos en la motivación de la urgencia de los mismos, asuntos por los que los distintos grupos podrán preguntar a su máxima responsable. El tribunal realizó fiscalizaciones específicas sobre los ministerios de Fomento, donde trabajaba Koldo, y de Sanidad, que firmó la mayoría de ellos.

La comisión del Congreso recibirá a las cuatro de la tarde a Illa, quien tiene cita en el Senado dos días después. Su ministerio cerró el grueso de los contratos adjudicados analizados por el Tribunal de Cuentas, por valor de 513 millones de euros.

La comparecencia del exjefe de Gabinete de Illa. Uno de los aspectos más relevantes de estas investigaciones es el papel desempeñado por Víctor Francos, exjefe de Gabinete de Illa, quien será interrogado sobre sus relaciones con los principales implicados en el ‘caso Koldo’ y su posible participación en la adquisición de material sanitario.

Se espera que Francos responda preguntas sobre su papel en la compra de mascarillas, respiradores, geles hidroalcohólicos, guantes de nitrilo, monos desechables y hisopos, así como su eventual intervención en adquisiciones realizadas por otras administraciones dirigidas por miembros del Partido Socialista.

El fiscalizador denunció diversas incidencias, como resoluciones retrasos en la ejecución que motivaron la ampliación de los plazos y demoras en el cumplimiento de los nuevos, así como requerimientos de reposición de diverso material defectuoso o de reintegro de su importe. En algunos supuestos en que el material no cumplía los requisitos, no se exigió la reposición del material. Los ‘populares’ están interesados en saber si, desde Sanidad, Víctor Francos participó en la compra de mascarillas, respiradores, geles hidroalcohólicos, guantes de nitrilo, monos desechables o hisopos. Y también si medió en la compra de material sanitario por parte de alguna otra administración gestionada por un dirigente del Partido Socialista, como el gobierno canario que presidía el actual ministro Ángel Víctor Torres.

El jueves, la agenda de comparecencias continuará en el Senado con la presencia de dos exaltos cargos de Sanidad durante la gestión de Illa: Patricia Lacruz y Alfonso Jiménez. Lacruz ocupó el cargo de directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia, mientras que Jiménez fue director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Su testimonio será crucial para comprender mejor los procesos internos de toma de decisiones y gestión de recursos en el ámbito sanitario durante la crisis de la COVID-19.

En resumen, estas comparecencias marcan el inicio de una etapa crucial en las investigaciones sobre la gestión de la crisis sanitaria en España. Los resultados de estas investigaciones tendrán importantes repercusiones políticas y legales, y podrían contribuir a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de crisis futuras.