La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales reclama la suspensión inmediata de García Ortiz en cuanto comience el juicio

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en cuanto se dicte auto de apertura de juicio oral en la causa que se sigue contra él por un presunto delito de revelación de secretos. Así lo ha confirmado El Debate, que ha tenido acceso en primicia al escrito registrado por la entidad ante la Sala Segunda del Alto Tribunal, donde García Ortiz será juzgado previsiblemente tras el verano.

La solicitud de suspensión, que de ser aceptada supondría el cese inmediato de García Ortiz como fiscal general, se produce un día después de que la Sala de Apelaciones del Supremo avalara el auto del magistrado instructor Ángel Hurtado, que acordó sentar en el banquillo al máximo responsable del Ministerio Público.

Principio de analogía: lo que se aplica a otros fiscales debe aplicarse al fiscal general

En el escrito, los abogados de la APIF —Juan Antonio Frago Armada, Verónica Suárez García, Napoleón Cánovas Fernández y Álvaro Bernad Sánchez— argumentan que, según el Reglamento del Ministerio Fiscal, es el propio fiscal general quien tiene la potestad de acordar la suspensión provisional de cualquier fiscal que se vea implicado en un procedimiento penal. En este caso, sostienen, el principio de analogía obliga a aplicar el mismo criterio cuando el procesado es él mismo.

Según explican, el artículo 61.1 del reglamento establece que la suspensión se adoptará “en todo caso” cuando exista un auto de apertura de juicio oral por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. En este sentido, la asociación subraya que no cabe interpretación restrictiva: “No ofrece ninguna duda que el fiscal general del Estado se integra dentro del concepto de ‘cualquier miembro del Ministerio Fiscal’”, como recogen los artículos 12 y 31.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Conflicto de intereses y falta de imparcialidad en el entorno del fiscal general

La APIF también alerta de que, de no actuar el Tribunal Supremo, no existe ningún mecanismo efectivo dentro de la Fiscalía para suspender al propio García Ortiz, ya que la decisión no puede ser adoptada por él mismo ni delegada en otros fiscales que, según la asociación, no son imparciales.

En concreto, apuntan que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, subordinada directa de García Ortiz, ha venido interviniendo en el caso y no puede actuar con neutralidad. Tampoco podría hacerlo el fiscal jefe Inspector, quien ha aportado documentos a la causa y ha sido propuesto como testigo en el juicio, lo que comprometería también su objetividad.

Una causa judicial que amenaza la credibilidad de la Fiscalía

García Ortiz fue procesado por el Tribunal Supremo el pasado mes de junio, acusado de revelar información confidencial sobre una ex alto cargo pública, en el contexto de un procedimiento judicial. La filtración, publicada en medios de comunicación, fue considerada suficientemente grave por el magistrado instructor como para acordar su enjuiciamiento, pese a los recursos planteados por la defensa del fiscal general.

Desde entonces, García Ortiz ha manifestado su intención de no dimitir, generando una fuerte división interna en la carrera fiscal. Su decisión de mantenerse en el cargo, a pesar de su condición de procesado, ha sido duramente criticada por asociaciones como la APIF, que entienden que la situación daña la imagen y credibilidad del Ministerio Público y deja en entredicho su neutralidad institucional.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre la petición de suspensión. De ser admitida, el cese cautelar de García Ortiz sería inmediato una vez se formalice el auto de apertura de juicio oral. Esto implicaría también su pérdida de la condición de fiscal mientras dure el proceso, aunque podría ser reincorporado si resultara absuelto.