Anticorrupción frena el encarcelamiento de Ábalos pese a las acusaciones populares
La jornada de este lunes en el Tribunal Supremo ha estado marcada por el desarrollo de una vistilla clave en el marco del procedimiento penal contra José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, y su exasesor Koldo García. La solicitud de prisión provisional sin fianza planteada por las acusaciones populares ha situado en el centro del debate la magnitud del caso, el riesgo procesal y el alcance de las responsabilidades políticas.
Las acusaciones piden prisión; Anticorrupción se opone
En el transcurso de la comparecencia ante el magistrado instructor Leopoldo Puente, los abogados de las siete acusaciones populares –agrupadas bajo la representación letrada del Partido Popular– han solicitado prisión comunicada y sin fianza para Ábalos, al considerar que concurren indicios suficientes de delitos graves y persistente riesgo de fuga o destrucción de pruebas.
En contraposición, la Fiscalía Anticorrupción ha informado en contra del ingreso en prisión, solicitando en cambio el mantenimiento de las medidas cautelares ya impuestas: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional. Como alternativa, el Ministerio Público propone imponer una fianza económica, cuya cuantía aún no ha sido precisada.
La decisión queda ahora en manos del instructor, que no permitirá abandonar la sede judicial a Ábalos hasta dictar resolución.
Koldo García comparece pero se acoge a su derecho a no declarar
En paralelo, el exasesor ministerial Koldo García ha comparecido ante el tribunal a las 12:00 horas. Lo ha hecho tras haber solicitado —por tercera vez— el aplazamiento de su declaración, alegando que su nueva defensa aún no ha tenido acceso completo al sumario judicial.
El juez rechazó dicha petición con firmeza, calificándola de maniobra dilatoria. En su providencia, Puente subraya que no corresponde al investigado reprogramar la agenda judicial, y que, en caso de no comparecer, se le podrían imponer medidas cautelares personales de manera inmediata.
Una vez ante el juez, García optó por acogerse a su derecho constitucional a no declarar, estrategia que apunta a una línea de defensa basada en la espera, probablemente a la espera de avances en la negociación de una conformidad con la Fiscalía.
Petición del Gobierno de Navarra, denegada
La jornada también ha dejado una tercera resolución relevante: la negativa del Supremo a permitir que el Gobierno de Navarra se persone en la causa como acusación particular. El escrito presentado por el ejecutivo autonómico, encabezado por María Chivite, ha sido considerado por el juez como "en extremo lacónico" y carente de justificación jurídica suficiente.
El instructor señala que no se ha acreditado el perjuicio directo sobre el Gobierno foral que legitime su participación activa en el proceso penal, de acuerdo con lo previsto en los artículos 109 bis y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Este nuevo episodio judicial se produce en un clima de alta tensión institucional, después de que el informe más reciente de la UCO revelara grabaciones y pruebas que vinculan a Ábalos, García y Santos Cerdán con una presunta red de adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones en el ámbito de la obra pública. La causa, que comenzó con supuestas irregularidades en la compra de mascarillas en 2020, ha escalado hasta alcanzar el corazón de la estructura orgánica del PSOE.
Mientras tanto, el también investigado Santos Cerdán ha sido citado para declarar el próximo 30 de junio, tras haber solicitado un aplazamiento para permitir a su nueva defensa estudiar el caso en profundidad.