Redondo admite fallos en las pulseras antimaltrato pero ataca a la Fiscalía por “alarmar sin datos”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha cargado duramente contra la Fiscalía General del Estado tras las alertas emitidas sobre los fallos en las pulseras antimaltrato, unos dispositivos que forman parte del sistema de protección a mujeres víctimas de violencia de género.

En declaraciones a los medios desde Valladolid, Redondo aseguró que la Fiscalía «valoró sin datos» las incidencias registradas, lo que a su juicio ha provocado “una alarma injustificada”. No obstante, admitió que los fallos técnicos sí provocaron sobreseimientos judiciales, afectando a casos reales y concretos, aunque, según ella, de forma “mínima y puntual”.

La polémica, revelada por OKDiario, ha generado un fuerte impacto político. El Partido Popular ha exigido la dimisión inmediata de la ministra y ha registrado una moción de reprobación en el Congreso, que se debatirá en el próximo Pleno.

Redondo niega fallos estructurales, pero reconoce consecuencias judiciales

«Las pulseras funcionan. Han funcionado siempre y siguen funcionando. No ha fallado el dispositivo. El sistema salva vidas», afirmó Redondo, intentando transmitir tranquilidad a las más de 4.000 mujeres protegidas por este mecanismo en España.

Sin embargo, tal como informó OKDiario, la descarga de datos de las pulseras estuvo interrumpida durante varios meses en 2024, tras el cambio de empresa adjudicataria impulsado por el anterior equipo ministerial encabezado por Irene Montero. Esta situación impidió que los juzgados tuvieran acceso en tiempo real a los registros de actividad de los maltratadores.

Redondo explicó que en algunos procedimientos judiciales los datos no se pudieron facilitar “en tiempo y forma”, lo que provocó sobreseimientos temporales. Posteriormente, esos datos se recuperaron, según explicó, cuando Vodafone logró restaurar los archivos en el sistema.

Excarcelaciones encubiertas y negligencia ministerial

A pesar de intentar minimizar el escándalo, la ministra reconoció implícitamente que “alguna excarcelación puntual” sí pudo haberse producido. Sin embargo, negó que ninguna de estas situaciones haya derivado en el asesinato de mujeres protegidas por el sistema, argumento que utilizó para defender la fiabilidad general del modelo.

“Ni es el único medio de prueba ni ha implicado ninguna salida masiva de maltratadores”, insistió.

Estas declaraciones no han calmado los ánimos ni en la oposición ni en las asociaciones de víctimas, que consideran gravísima cualquier excarcelación derivada de un fallo técnico evitable.

Ahorro económico, pérdida de garantías

Uno de los puntos más criticados es que la nueva adjudicación del contrato de pulseras se realizó primando el precio sobre la calidad, según ha documentado OKDiario. El coste por dispositivo se redujo de 591 euros a 384 euros mensuales, un 35% de ahorro, pero a costa de que los nuevos dispositivos no pudieran importar los datos históricos de la empresa anterior.

La decisión, enmarcada dentro de la gestión del autodenominado “Gobierno más feminista de la historia”, ha sido calificada por el sindicato policial Jupol como una chapuza administrativa que expone a las mujeres a un mayor riesgo. “Pulseras de AliExpress para víctimas de violencia de género”, ironizaban en redes sociales, acompañando sus críticas con imágenes de dispositivos adquiribles en plataformas asiáticas.

Desde el Partido Popular, la portavoz en el Congreso Ester Muñoz ha exigido la dimisión inmediata de Ana Redondo y ha anunciado la presentación de una moción de reprobación parlamentaria.

“La negligencia del Ministerio ha sido absoluta. No se puede trivializar que 47 mujeres hayan quedado a merced del fallo de un sistema que el Gobierno debería garantizar con total seguridad”, ha declarado Muñoz en una entrevista en Telecinco.

También desde las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se denuncia falta de personal especializado y dependencia de sistemas defectuosos, lo que refuerza el diagnóstico de abandono institucional a las víctimas por parte del Ejecutivo.