La amnistía no libra aún a Puigdemont: el Supremo y Europa tienen la última palabra
Aunque el Tribunal Constitucional ha avalado la polémica amnistía impulsada por Pedro Sánchez, Carles Puigdemont seguirá siendo un prófugo: el delito de malversación que pesa sobre él queda, por ahora, fuera del alcance de la norma. El Supremo mantiene la orden de detención y ya prepara una consulta a Europa para decidir si el texto vulnera el derecho comunitario.
Una de las principales razones que impulsaron la aprobación de la ley de amnistía a medida de los separatistas catalanes fue la situación procesal del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Reclamado por delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos durante el procés, huyó a Bélgica en el maletero de un coche y ha condicionado la gobernabilidad de España desde su exilio.
El respaldo de Junts per Catalunya fue clave para que Pedro Sánchez obtuviera los votos necesarios para su investidura. A cambio, los independentistas exigieron una amnistía total que permitiera el retorno de Puigdemont sin temor a ser detenido.
Una sentencia sin efecto inmediato
La sentencia dictada este jueves 26 de junio por el Tribunal Constitucional, con seis votos a favor y cuatro en contra, avala la legalidad del texto. Sin embargo, no implica la inmediata aplicación de la amnistía al líder fugado de Junts. ¿La razón? El delito más grave por el que está procesado, la malversación agravada, sigue fuera del paraguas de la norma según el criterio del Tribunal Supremo.
El fallo del Constitucional, impulsado por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y apoyado por el bloque progresista del alto tribunal, deja claro que la aplicación de la amnistía corresponde exclusivamente al Supremo. Es decir, será el magistrado Pablo Llarena quien decida si el tipo penal que pesa sobre Puigdemont queda incluido en la ley.
El Supremo no aplica la amnistía a la malversación
Hasta ahora, el Supremo ha sido tajante: la malversación vinculada al procés no es amnistiable. Esta postura fue reafirmada por la Sala de Apelación, que rechazó los incidentes de nulidad planteados por Puigdemont y Toni Comín, lo que mantiene en vigor la orden de búsqueda y captura nacional contra el expresident.
La diferencia a partir de ahora es que, con la sentencia del Constitucional en la mano, los fugados podrán recurrir en amparo y solicitar al TC que revise la negativa del Supremo. Además, podrían pedir la suspensión temporal de su orden de detención, aunque esa decisión sigue en manos de los tribunales ordinarios.
Europa tendrá la última palabra
El Tribunal Supremo ha dejado claro que, antes de modificar su posición, acudirá a la Justicia europea. Ya ha anunciado que podría elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como han hecho ya otros órganos judiciales, para comprobar si la amnistía española es compatible con el Derecho comunitario, especialmente en lo relativo a corrupción y malversación.
De esta forma, aunque el Constitucional ha blanqueado la amnistía, su efecto práctico sobre Puigdemont queda bloqueado por dos vías: la firmeza del Supremo y el escrutinio europeo. La propia Sala Segunda del Supremo ha advertido que no aplicará la amnistía mientras no reciba claridad desde Luxemburgo.
Una ley hecha a medida que aún no sirve a su destinatario
Paradójicamente, la ley que Sánchez impulsó por exigencia de Puigdemont aún no ha logrado su objetivo principal: borrar sus delitos y permitir su regreso. La Corte de Conde-Pumpido ha avalado una norma polémica que, por el momento, no cumple su cometido esencial: blindar judicialmente al cabecilla del procés.Todo dependerá ahora de la respuesta del TJUE, del mantenimiento de la orden de detención, y del pulso entre el poder legislativo y el poder judicial. El resultado es un país jurídicamente fracturado, con la separación de poderes en entredicho y la amnistía convertida en arma de inestabilidad institucional.