La amnistía, al borde del visto bueno: Sánchez fija fecha ante la presión de Junts

La Ley de Amnistía vuelve a situarse en el epicentro de la política nacional. Ante la creciente impaciencia de Junts y el riesgo de que se fracture el frágil equilibrio parlamentario que sostiene a su Ejecutivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el Tribunal Constitucional tendrá resueltos "todos los recursos" contra la controvertida norma "en mayo como muy tarde", según publica OkDiario.

Este compromiso del líder del PSOE supone un intento de apaciguar a Junts per Catalunya, formación que en los últimos meses ha mostrado su descontento con el ritmo de avance de la amnistía y ha hecho notar su peso clave en el Congreso con más de cien derrotas parlamentarias propinadas al Ejecutivo socialista.

Un compromiso con nombre y apellidos: Puigdemont

El mensaje del presidente va dirigido directamente a Carles Puigdemont, a quien la aprobación definitiva de la ley por parte del Constitucional permitiría activar su recurso de amparo ante el alto tribunal, paso necesario si el Tribunal Supremo desestima su apelación contra la no aplicación de la amnistía por el delito de malversación.

Sánchez, plenamente consciente de que la continuidad de su Gobierno depende en buena parte del apoyo de Junts, ha fijado por primera vez un plazo concreto para que el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, resuelva los 20 recursos pendientes sobre la ley.

Los recursos: entre el PP, tribunales y comunidades autónomas

De los recursos que aún debe examinar el Constitucional, 16 han sido interpuestos por el Grupo Parlamentario Popular y por diversos Gobiernos autonómicos, que consideran que la Ley de Amnistía vulnera pilares básicos del orden constitucional. Además, el tribunal debe pronunciarse sobre cuatro cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el propio Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En especial, destaca la cuestión formulada por el Supremo, bajo la ponencia del magistrado Ricardo Enríquez, que considera la norma como “arbitraria” y contraria al principio de seguridad jurídica. Aunque la Fiscalía General del Estado rebatió esta interpretación, al alegar que el Supremo no especificaba qué artículos constitucionales se veían vulnerados, el Constitucional aceptó el recurso a trámite el pasado septiembre.

La clave está en el delito de malversación

Sin embargo, la resolución favorable del Constitucional no implica automáticamente que Puigdemont pueda regresar a España. Esto dependerá de que se le otorgue el amparo constitucional, una vez su recurso sea rechazado por el Supremo. Este tribunal mantiene que el expresident incurrió en malversación no amnistiable, al emplear fondos públicos para fines personales durante el referéndum ilegal del 1-O, lo que, según su criterio, implica ánimo de lucro, excluido de la ley.

Junto a Puigdemont, también están pendientes los dirigentes independentistas Toni Comín y Lluís Puig, quienes aguardan la resolución del Supremo tras una vista celebrada el pasado 10 de marzo. Una vez sea desestimado su recurso, podrán dirigirse al Constitucional, que sólo admitirá tratar sus amparos tras resolver la constitucionalidad de la ley, conforme a la promesa de Sánchez.

Junqueras y Romeva, en situación similar

Este mismo lunes, la Fiscalía del Constitucional se ha opuesto a suspender la inhabilitación de Oriol Junqueras y Raül Romeva, reiterando que no se tomará ninguna decisión individual hasta que el tribunal falle de manera global sobre la amnistía. Esta postura confirma que el calendario que baraja el Ejecutivo está ya en marcha y que el mes de mayo será clave para el devenir del conflicto catalán y, por extensión, para la estabilidad del Gobierno de coalición.