Un alto cargo socialista, señalado por la UCO, sigue en la Ejecutiva sin medidas cautelares
Pons, actual secretario de Transición Ecológica Justa del PSOE, aparece vinculado a las presiones de Koldo para agilizar licencias de hidrocarburos en una trama que ya acumula más de 230 millones de fraude
En una investigación publicada este sábado por The Objective, el medio ha desvelado que Marc Pons, actual secretario de Transición Ecológica Justa y Preservación de la Diversidad en la Ejecutiva del PSOE, aparece vinculado en los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro del caso del fuel, por su presunta implicación en gestiones para la empresa Villafuel.
La información periodística, firmada por Fran Serrato, sostiene que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, habría solicitado a Pons interceder para agilizar la tramitación de una licencia como operador de combustible para la citada empresa, cuyos socios están bajo investigación judicial por fraude de más de 230 millones de euros.
Los mensajes: el vínculo entre Koldo García y Marc Pons
Según la documentación a la que ha tenido acceso The Objective, el primer contacto documentado data del 8 de abril de 2021, cuando Koldo García envió a Pons una fotografía del expediente de Villafuel y documentación relativa a su solicitud. Aunque Pons no respondió al mensaje, según consta en la pieza, Koldo insistió el 8 de julio de 2021, solicitando una reunión para entregarle personalmente nuevos documentos relacionados con la licencia.
Lo más llamativo, según el reportaje, es que este segundo mensaje fue enviado apenas cinco días antes de que se aprobara el real decreto que nombraba oficialmente a Pons jefe de gabinete de la entonces ministra Teresa Ribera, cargo que ostentó hasta el verano de 2022.
Fuentes socialistas consultadas por The Objective aseguran que no existe constancia de que Pons realizara gestiones a favor de la empresa, y recalcan que el Ministerio de Transición Ecológica no tenía competencia directa para otorgar licencias de operadores de hidrocarburos. Aun así, el hecho de que Koldo García recurriera a su intermediación —y no sólo a la de altos cargos de otros ministerios, como el jefe de gabinete de Reyes Maroto— ha levantado serias suspicacias en sectores internos del partido.
Aunque el PSOE invoca la presunción de inocencia, el contexto judicial y político recuerda al de casos recientes como los de Ábalos o Santos Cerdán, quienes acabaron apartados del partido tras aparecer involucrados en diversas investigaciones.
Una figura clave en el entorno socialista
Marc Pons ha desempeñado un papel central en el socialismo balear y nacional. Fue consejero en los gobiernos de Francina Armengol, ostentando carteras como Presidencia, Energía, Movilidad y Vivienda, especialmente durante la pandemia. Posteriormente, Ribera lo incorporó a su equipo ministerial, y actualmente ocupa una posición relevante en la dirección nacional del PSOE, siendo además portavoz adjunto en el Parlamento balear.
Villafuel y la sombra del fraude
Según la investigación publicada por The Objective, Villafuel logró la ansiada licencia como operador de hidrocarburos dos meses después de la salida de Pons del Ministerio, pero las conexiones previas entre miembros del Ejecutivo y esta empresa están bajo la lupa judicial.
La UCO ha remitido los mensajes al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el marco del conocido caso Koldo, donde se investiga un presunto fraude masivo vinculado a contratos públicos durante la pandemia, que podría alcanzar cientos de millones de euros en perjuicio a la Hacienda Pública.
De momento, la dirección del PSOE no ha incoado expediente disciplinario contra Pons, pero sectores críticos dentro del partido —consultados también por The Objective— consideran “insostenible” mantenerlo en la cúpula socialista, y exigen que se aplique el mismo criterio que con Ábalos y Cerdán. Ambos fueron apartados tras la implicación de sus nombres en investigaciones judiciales previas.
En contraste, desde sectores afines se insiste en que no hay prueba documental de que Pons ejecutara gestión alguna, y que, por tanto, debe prevalecer la presunción de inocencia hasta el cierre de la instrucción.