Aldama aporta pruebas que implican a Ábalos con mordidas y un piso de lujo en la Castellana
El empresario Víctor de Aldama, señalado como el principal comisionista de la trama que involucra al exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha entregado al Tribunal Supremo documentación que, según su declaración, respalda las acusaciones de cobro de comisiones ilegales. Entre las pruebas figura un contrato que, según Aldama, demuestra que Ábalos habría pactado recibir como «garantía» un piso de 1,9 millones de euros en el Paseo de la Castellana de Madrid, propiedad del propio empresario.
Un inmueble como garantía de comisiones
De acuerdo con los documentos aportados, el piso habría sido utilizado como una especie de garantía en un acuerdo entre Ábalos y constructoras interesadas en ganar adjudicaciones públicas durante su mandato en el Ministerio de Transportes. Estas adjudicaciones habrían sido "preadjudicadas", es decir, decididas antes de que se publicara su licitación, según detalla la documentación.
El contrato, fechado el 24 de abril de 2019, establecía un arrendamiento con opción a compra que caducaría en febrero de 2024. Aldama asegura que este acuerdo era similar al que permitió al exministro disfrutar de un chalé en Cádiz, otro bien inmobiliario relacionado con las presuntas dádivas recibidas por el socialista.
«Ábalos no tenía capacidad financiera para afrontar la compra del inmueble, valorado entonces en 1,9 millones de euros antes de su reforma», ha explicado Aldama, quien añade que el contrato quedaba sin efecto una vez se cumpliera el compromiso de pago de las comisiones. Según sus palabras, el inmueble nunca llegó a ser ocupado por el exministro.
Comisiones por grandes obras de infraestructuras
El empresario también ha entregado pruebas que, según afirma, demuestran el pago de comisiones vinculadas a obras públicas gestionadas por el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. Estas supuestas operaciones habrían favorecido a constructoras ligadas a la trama, que recibieron adjudicaciones por valor de cientos de millones de euros.
Entre la documentación figura una copia de los Presupuestos Generales del Estado donde, según Aldama, aparecen reflejadas las grandes obras asignadas a estas empresas. Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya apuntaban a irregularidades similares desde septiembre, como reveló THE OBJECTIVE.
Una trama bajo la lupa judicial
Los detalles aportados por Aldama al Supremo podrían complicar aún más la situación judicial de Ábalos, que ya estaba en el foco de la UCO por los contratos adjudicados durante su mandato. Según el empresario, estas comisiones se habrían convertido en una fuente de ingresos a largo plazo, con pagos asegurados por las constructoras que lograron adjudicaciones.
La trama, conocida como el 'caso Koldo', salpica no solo a Ábalos, sino también a un círculo más amplio de colaboradores y empresarios que habrían utilizado estas operaciones para beneficiarse de contratos públicos.
El impacto político y judicial
El caso sigue sumando elementos explosivos que no solo comprometen la reputación de Ábalos, sino que también afectan la ya erosionada imagen del Gobierno de Pedro Sánchez. Las pruebas presentadas al Supremo, de ser verificadas, podrían abrir la puerta a nuevas imputaciones, no solo contra el exministro, sino también contra otros actores clave en esta trama.
Mientras la Justicia analiza las pruebas aportadas por Aldama, la oposición ya ha comenzado a utilizar el caso como un arma política contra el PSOE, señalando la supuesta corrupción como un síntoma del desgaste del Gobierno.
Con cada nueva revelación, la trama Ábalos se convierte en uno de los mayores escándalos de los últimos años, con ramificaciones que podrían afectar no solo al ámbito judicial, sino también al panorama político nacional.