Una investigación judicial en Madrid ha puesto bajo la lupa a varios agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por presunta revelación de secretos a Estados Unidos, según revelaciones de El Confidencial y confirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Durante su visita a la base Adazi de Letonia, Robles señaló que la denuncia que desencadenó la investigación provino del propio CNI, aunque no proporcionó detalles adicionales debido al carácter clasificado del caso.

Este incidente ha generado tensiones entre el Gobierno español y Estados Unidos, ya que las primeras indagaciones sugieren que algunos funcionarios podrían haber captado información confidencial sin seguir los procedimientos institucionales establecidos para solicitar dicha información.

Los agentes del CNI están siendo investigados por revelación de secretos, aunque los hechos podrían constituir una versión agravada de dicho delito, concretamente traición por espionaje para una potencia extranjera, lo que conlleva penas de 6 a 12 años de prisión.

Se hace mención de un precedente oscuro en este contexto, recordando el caso de Roberto Flórez, un exagente del CNI condenado por traición en 2010. Flórez fue sentenciado a nueve años de prisión por sustraer documentos secretos con la intención de venderlos a Rusia.

Este episodio marcó un antecedente relevante en la democracia española, y el tribunal consideró que los hechos eran constitutivos de un delito de traición recogido en el artículo 584 del Código Penal.