El aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, bajo sospecha judicial y política
El caso del aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, nuevo diputado en la Asamblea de Extremadura, ha sido calificado por las acusaciones como una maniobra orquestada para beneficiarse de protección judicial ante un juicio abierto por prevaricación y tráfico de influencias, en relación con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Una cadena de renuncias sospechosas
Según documentación obtenida por The Objective, cuatro candidatos del PSOE que precedían a Gallardo en la lista electoral renunciaron a tomar el acta el mismo día y ante el mismo notario, Gonzalo Fernández Pugnaire, en Mérida. Lo hicieron el 19 de mayo, un día antes de que la diputada María de la Cruz Rodríguez Vegazo formalizara su dimisión ante la Asamblea. Esto permitió que Gallardo, que figuraba como número 23 en la lista, tomara posesión del escaño el 29 de mayo, y con ello, adquiriera la condición de aforado.
Las renuncias se justifican con motivos «estrictamente personales y profesionales», pero las acusaciones señalan que el proceso fue «pactado y coordinado», al considerar inverosímil que ninguno de los sustitutos naturales optara a ocupar el escaño.
Implicaciones judiciales del aforamiento
Este cambio de estatus legal plantea un conflicto competencial: si Gallardo debe ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) debido a su nuevo aforamiento, o si debe comparecer junto al resto de los acusados en la Audiencia Provincial de Badajoz. La juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz, sostiene que existen «claros indicios de criminalidad» en la contratación de David Sánchez.
El artículo también recuerda que Rodríguez Vegazo, la diputada que dejó libre el escaño, fue jefa de Gabinete de Gallardo y que este la promocionó a funcionaria en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, cuando era alcalde. Además, The Objective revela que estaba previsto que fuera nombrada subdelegada del Gobierno en Badajoz, un movimiento que finalmente fue detenido por Ferraz.
Organizaciones como Vox, Manos Limpias y Liberum han denunciado la operación. Vox ha pedido a la Junta Electoral que revise el proceso, mientras que Liberum ha presentado una querella ante el TSJEx solicitando la suspensión inmediata del aforamiento, aunque esta ha sido rechazada de momento. Sin embargo, el tribunal mantiene abierta la posibilidad de retirar la condición de aforado como medida cautelar.
Vox ha anunciado que solicitará las cuentas bancarias y el historial de nombramientos de las personas que renunciaron al acta, al considerar que podrían recibir compensaciones políticas o económicas.