ADIF blinda a tres directivos implicados en la contratación de Jessica, la expareja de Ábalos

En una muestra de asimetría en la gestión de responsabilidades, ADIF, la empresa pública encargada de la infraestructura ferroviaria, mantiene en sus puestos a tres directivos implicados en la contratación de Jésica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, quien fue ministro de Transportes durante la etapa crítica de los contratos investigados en el caso Koldo. Mientras tanto, Tragsa –la empresa que ejecutó el encargo de contratación– sí ha actuado, aceptando la dimisión de una de sus responsables directas, María Caridad.

La documentación lo acredita

Según ha revelado THE OBJECTIVE, el documento de encomienda del contrato a Tragsa, que sirvió de soporte para la incorporación de Rodríguez, fue firmado por Ignacio Zaldívar (ADIF) y María Caridad (Tragsa). La aprobación del expediente y de su financiación fue responsabilidad de Elena Artalejo (directora corporativa) y Juan Pablo Villanueva (entonces director general de ADIF Alta Velocidad).

De este grupo de cuatro firmantes, solo Caridad ha dejado su cargo. El resto permanece en funciones relevantes dentro del organigrama de ADIF: Villanueva, aunque ha cambiado de cargo, sigue siendo uno de los hombres fuertes de la casa; Artalejo continúa como directora corporativa, y Zaldívar sigue en un puesto técnico con responsabilidad.

¿Por qué la diferencia?

La gestión diferenciada entre Tragsa y ADIF en este episodio abre un serio interrogante sobre la voluntad de la dirección de ADIF de rendir cuentas. Mientras que Tragsa ha reconocido los hechos y emprendido una auditoría interna, incluso desligándose de la trabajadora cuestionada, ADIF no ha dado explicaciones públicas sobre la permanencia de tres de sus cargos que autorizaron un contrato presuntamente diseñado a medida para Rodríguez.

Más aún, la propia Tragsatec señala a ADIF como promotora directa del encargo, y ha precisado que Jésica fue adscrita nada menos que a la Presidencia de ADIF, presidida entonces por Isabel Pardo de Vera, hoy vinculada al sector privado a través de la constructora ACS, y también salpicada por otros contratos adjudicados durante la pandemia.

Supervisión incumplida

Tal como ha publicado THE OBJECTIVE, el contrato que sustentó la incorporación de Rodríguez obligaba expresamente a que su trabajo fuera supervisado directamente por ADIF AV, en oficinas propias o donde el responsable de la empresa pública determinara. Esa cláusula –la decimocuarta– no se cumplió, según ha quedado reflejado en las investigaciones internas y parlamentarias: la trabajadora jamás fichó, ni se presentó a su puesto.

Villanueva, un caso repetido

La figura de Juan Pablo Villanueva, uno de los tres directivos protegidos, está lejos de ser anecdótica. No solo aprobó este contrato, sino que ha sido vinculado a otro episodio similar en la empresa Ineco, donde fue contratado Joseba García, hermano de Koldo García, el asesor clave de Ábalos en el entramado de contratos con sobrecostes y opacidad.

Villanueva también fue objeto de una denuncia interna en el canal ético de ADIF, por supuestos amaños en licitaciones a favor de una empresa llamada OPR. Aunque el caso fue cerrado oficialmente por falta de pruebas, la rapidez con la que se zanjó tras su publicación en prensa ha dejado un regusto de impunidad entre varios empleados de la empresa pública.

Este doble rasero entre Tragsa y ADIF, reflejado en el tratamiento de sus cargos implicados, debilita la imagen de transparencia del sistema de contratación pública en España y sugiere que la responsabilidad política y administrativa se aplica con una lógica de afinidades más que con criterios de legalidad y ética profesional.