La Abogacía del Estado rechaza que el Supremo investigue la gestión de la DANA
La Abogacía del Estado ha presentado un escrito al Tribunal Supremo en el que se opone a la investigación solicitada por la asociación Liberum sobre la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) y la supuesta inacción del Gobierno central ante las inundaciones que afectaron a diversas zonas del país.
En su respuesta, la Abogacía defiende la actuación del Consejo de Ministros y las intervenciones de las fuerzas de seguridad, subrayando que "es notorio que no concurre la inactividad denunciada". Según los servicios jurídicos, el Gobierno ha llevado a cabo un despliegue importante de efectivos y ha aprobado medidas económicas destinadas a paliar los efectos de la catástrofe.
Argumentos de la Abogacía: despliegue y ayudas económicas
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los servicios jurídicos del Estado enumeran las actuaciones realizadas tras la declaración de emergencia por parte del Consejo de Ministros el pasado 5 de noviembre.
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Despliegue de efectivos y medios:
- Fuerzas Armadas: 8.079 efectivos y 2.056 medios, incluidos drones, helicópteros, maquinaria pesada y embarcaciones.
- Guardia Civil: 1.965 efectivos y 994 medios.
- Policía Nacional: Más de 4.000 agentes.
- Policías locales: 533 efectivos trabajando en coordinación con las autoridades municipales.
- Medios internacionales: Apoyo de otros Estados miembros de la Unión Europea y de Marruecos.
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Medidas económicas y paliativas:
- Declaración de las zonas afectadas como "territorios gravemente damnificados".
- Paquete de ayudas de hasta 18.000 euros por fallecimiento o incapacidad absoluta, 15.120 euros por destrucción total de la vivienda habitual y cantidades variables por daños estructurales o enseres domésticos.
- Dos reales decretos que cuadruplicaron el importe máximo de las ayudas y simplificaron los requisitos para acceder a ellas, incluyendo un anticipo del 100% de los fondos.
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Intervenciones específicas:
- Eliminación del agua estancada.
- Suministro de agua potable, alimentos y medicamentos en las zonas más afectadas.
- Desinfección de áreas afectadas.
"Se está procediendo a que toda la zona afectada tenga acceso a los servicios básicos," asegura la Abogacía, subrayando que las medidas cautelares solicitadas por Liberum serían innecesarias porque ya se están ejecutando.
Críticas a la legitimidad de la asociación Liberum
La Abogacía también cuestiona la legitimación activa de Liberum para presentar el recurso, argumentando que la asociación, domiciliada en Asturias, no ha demostrado un perjuicio directo que justifique su demanda.
"Con todos los respetos, las pretensiones contenidas en la demanda de la recurrente no constituyen un derecho ni provocan un beneficio directo a la asociación," señala el escrito. Además, los servicios jurídicos destacan la falta de pruebas aportadas por Liberum para respaldar sus acusaciones de inacción gubernamental.
Medidas cautelares rechazadas
Entre las solicitudes de Liberum al Supremo figuraban medidas cautelares como la implementación inmediata de servicios básicos, la eliminación de agua estancada, la distribución de agua potable y la desinfección de áreas afectadas.
La Abogacía insiste en que estas actuaciones ya se están llevando a cabo, por lo que "ordenar tales medidas no produciría efecto alguno". También señala que la magnitud del despliegue y las decisiones tomadas por el Gobierno desmienten cualquier acusación de inacción.
Por su parte, la Fiscalía ha apoyado la postura de la Abogacía, argumentando que las razones que podrían haber justificado estas medidas han desaparecido debido al progreso en las labores de emergencia y reconstrucción.
Liberum acusa de inacción al Ejecutivo
La asociación Liberum presentó su recurso tras las inundaciones causadas por la DANA, argumentando que el Gobierno había actuado con retraso y dejadez, dejando a muchos ciudadanos sin acceso a servicios básicos en un momento crítico.
Aunque el Tribunal Supremo asumió la causa, la Abogacía sostiene que no existen fundamentos para investigar la gestión del Ejecutivo y que las reclamaciones de Liberum no tienen base jurídica ni factual suficiente.
Impacto político y contexto
El caso ha reavivado las críticas hacia el Gobierno, especialmente desde la oposición. Líderes como Alberto Núñez Feijóo han señalado la supuesta falta de diligencia del Ejecutivo como un ejemplo de "abandono" de los ciudadanos. "La gente no le va a perdonar," afirmó el líder del PP, refiriéndose a las zonas afectadas por la DANA.
Por otro lado, el Gobierno defiende que su respuesta ha sido adecuada y que las críticas son parte de una estrategia política de desgaste. "Las acusaciones de inacción no tienen fundamento alguno," señalaron fuentes cercanas al Ejecutivo.
La Abogacía del Estado ha dejado claro que no hay motivos para que el Tribunal Supremo investigue la gestión de la DANA, destacando el despliegue de efectivos, las medidas económicas y los esfuerzos de reconstrucción como prueba de la actuación del Ejecutivo. A la espera de una resolución por parte del Supremo, el debate político en torno a este caso sigue abierto, con fuertes tensiones entre el Gobierno y la oposición.