Ábalos y Koldo intentan dinamitar el juicio del Supremo con maniobras dilatorias

El intento de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García de apartar a cinco magistrados del Tribunal Supremo revela una estrategia clara: dilatar el proceso y cuestionar las instituciones que deben juzgar la corrupción. La renuncia del exministro a su acta de diputado, lejos de dejar sin efectos su enjuiciamiento, refuerza la necesidad de claridad jurídica y firmeza institucional. El Estado de Derecho exige que los intentos de escapar de la justicia, por vías formales o artificiosas, no prosperen.

Una recusación sin base legal y fuera de plazo

El pasado jueves, la defensa de Koldo García Izaguirre, apoyada por la de José Luis Ábalos, planteó la recusación de cinco de los siete magistrados que integran el tribunal del 'caso mascarillas'. Según su abogada, Leticia de la Hoz, la imparcialidad de los magistrados estaría comprometida por haber participado en la fase de admisión de la causa en 2024. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el propio Tribunal recordaron que el plazo legal para presentar una recusación expiró el pasado 24 de enero, y que no cabe revisar ahora una composición conocida hace semanas.

Este movimiento es parte de una estrategia dilatoria cada vez más evidente. Se busca, no ya la verdad, sino la obstrucción del procedimiento judicial. Aun así, el Supremo fue claro: la recusación es extemporánea y no se sostendrá jurídicamente.

El cuestionamiento del tribunal tras la pérdida del aforamiento

Más grave aún ha sido el intento de sembrar dudas sobre la competencia misma del Tribunal Supremo, apoyándose en la renuncia de Ábalos a su acta parlamentaria. Dicha renuncia, alegan, extinguiría el aforamiento y trasladaría la competencia a la Audiencia Nacional. Pero como ha recordado la Sala Penal del Supremo en múltiples precedentes, cuando el juicio oral ya ha sido abierto —como es el caso— el fuero persiste para garantizar la continuidad y unidad del procedimiento.

Esta doctrina está plenamente asentada desde hace más de una década. El intento de reabrir este debate solo puede entenderse como una maniobra para retrasar el proceso y restar legitimidad al juicio, desdibujando sus implicaciones políticas y penales.

Precedentes: el caso de la senadora Rita Barberá

Este principio fue aplicado también en casos como el de la fallecida senadora Rita Barberá. A pesar de su renuncia previa a ciertas comisiones parlamentarias, el Supremo mantuvo su competencia, subrayando la necesidad de evitar que decisiones personales interfieran en el curso de la justicia. No es el aforado quien escoge su tribunal, y cualquier intento de manipular los efectos de ese estatus resulta jurídicamente improcedente.

La tentación de politizar la justicia

El caso Ábalos-Koldo no es solo judicial; es un caso de institucionalidad y límites del poder. Los intentos de recusar magistrados con el argumento de su pasado institucional —como alegar que uno de ellos fue fiscal general con un gobierno del PP— constituyen un paso más en la peligrosa senda de politización de la justicia. No se recusa a un juez por haber servido al Estado, sino por hechos concretos que prueben falta de imparcialidad. Esa prueba, sencillamente, no existe.

Como recuerda el principio de separación de poderes, la justicia debe actuar con independencia y sin presiones partidistas. Las defensas de Ábalos y Koldo buscan convertir el banquillo en un teatro político, mientras evitan responder al fondo de las acusaciones: la posible corrupción en la gestión de fondos públicos durante la pandemia.

Una señal de alarma institucional

Este episodio es otro síntoma de la erosión institucional que vive España. Un exministro investigado por corrupción sanitaria que abandona el Congreso, y cuya defensa busca desactivar al Supremo por procedimientos formales, muestra cómo la responsabilidad política ha sido sustituida por el cálculo jurídico defensivo. El caso pone a prueba el temple del sistema judicial, que debe continuar sin ceder ante presiones ni provocaciones.La ciudadanía necesita confiar en que quienes han gestionado recursos públicos en tiempos críticos responderán ante la ley con transparencia. Intentar impedirlo mediante argucias procesales solo profundiza la desconfianza en la política y en sus instituciones.

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