Ábalos, implicado en una trama de corrupción tras costoso viaje a Perú financiado por su asesor
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho públicos nuevos hallazgos que complican la situación del exministro José Luis Ábalos, actualmente imputado ante el Tribunal Supremo por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos. En el centro de la nueva investigación se encuentra un lujoso viaje que Ábalos realizó a Perú en 2018, un desplazamiento que, a pesar de ser justificado como una misión oficial para supervisar obras de empresas españolas en Lima, se revela como una operación marcada por la opacidad y los gastos desmesurados.
Según las investigaciones de la UCO, las facturas vinculadas a este viaje, que ascendieron a cerca de 60.000 euros, fueron abonadas por Koldo García, asesor personal de Ábalos, desde una cuenta bancaria que está siendo objeto de un exhaustivo análisis. Los fondos de dicha cuenta habrían tenido orígenes dudosos, presuntamente ligados a una trama de corrupción que también investiga el juez Leopoldo Puente, en colaboración con la Audiencia Nacional. Lo que parecía un simple viaje de trabajo, se transforma en un entramado de intereses que conecta la política, el negocio y los fondos públicos de manera cuestionable.
Un viaje familiar con un coste exorbitante
El viaje a Perú, organizado entre el 11 y el 18 de octubre de 2018, tuvo un carácter profundamente privado. A pesar de que su excusa oficial era la visita a obras de infraestructuras gestionadas por empresas españolas, Ábalos estuvo acompañado de su familia inmediata: su esposa Carolina Perles, su suegro Mario Perles y dos de sus cinco hijos. A ellos se les sumaron varios colaboradores de Ábalos, entre ellos Javier Herrero, director general de Carreteras, y otros altos funcionarios del Ministerio de Transportes. La presencia de este séquito, que incluía además escoltas de la Policía Nacional, genera serias dudas sobre el uso personal de recursos públicos y su legitimidad.
El gasto fue astronómico. Solo el transporte aéreo y los alojamientos en hoteles de cinco estrellas ascendieron a más de 50.000 euros. En concreto, los miembros de la comitiva se hospedaron en el exclusivo Palacio del Inka en Cusco, un establecimiento cuyo precio por noche oscila entre los 300 y 600 euros, dependiendo de la temporada. Durante el viaje, se realizaron excursiones turísticas, siendo una de las más destacadas la visita a Machu Picchu, cuyo coste por persona superó los 2.300 euros.
Irregularidades y documentos comprometidos
Las pesquisas también han revelado documentos clave que vinculan directamente a Koldo García y a Patricia Uriz, la secretaria personal de Ábalos en ese momento, con el proceso de justificación de los pagos. En un correo electrónico, Uriz informó a Koldo sobre la entrega de justificantes de pago por los billetes de avión y los hoteles, señalando, además, otros gastos como las excursiones y los cargos adicionales en las tarjetas vinculadas al viaje.
Es particularmente llamativo el testimonio de Segundo Valle, exsocio de Ábalos en la ONG Fiadelso, quien ha denunciado públicamente que el exministro posee una propiedad en Chimbote, ciudad peruana que, según Valle, fue financiada con subvenciones públicas españolas destinadas a proyectos de ayuda benéfica. Esta nueva revelación plantea serias dudas sobre el uso indebido de fondos públicos para intereses personales y privados.
Corrupción en el Ministerio de Transportes
Las conexiones entre los viajes de Ábalos y las irregularidades en el Ministerio de Transportes no terminan aquí. Javier Herrero, el director general de Carreteras, también ha sido señalado por Aldama, un empresario que asegura haber sido testigo de prácticas corruptas dentro del Ministerio. Según su testimonio, Herrero estaba al tanto de los amaños y comisiones ilegales solicitadas por Ábalos, algunas de hasta el 50% de los contratos gestionados.
El entramado político que se ha desvelado en torno a estos viajes pone de manifiesto la impunidad con la que operaban algunos de los altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez en temas relacionados con la corrupción. Los investigadores de la UCO continúan profundizando en las conexiones entre los implicados, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la financiación ilegal de actividades políticas y el uso personal de recursos públicos.
Conclusión: La sombra de la corrupción se alarga
Este caso pone de nuevo sobre la mesa la fragilidad institucional de las políticas de control en la administración pública, evidenciando una vez más cómo los recursos del Estado pueden ser utilizados con fines personales y privados. José Luis Ábalos, a quien se le imputa estar detrás de una trama de corrupción internacional, se enfrenta ahora a un escándalo que podría tener consecuencias judiciales de gran alcance. Las investigaciones continúan, y los próximos meses podrían revelar aún más detalles sobre un escándalo que parece no tener fin.
La relación entre Ábalos, su círculo cercano y los fondos públicos genera, por ahora, más preguntas que respuestas. Y mientras tanto, las instituciones españolas siguen buscando la manera de poner un freno a esta espiral de corrupción que ya ha dejado profundas huellas en la política española.