52 presos etarras podrían salir de prisión antes de fin de año
Esta normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 19 de octubre, transpone una directiva europea que busca uniformizar el tratamiento de antecedentes penales entre países de la Unión Europea, lo cual ha desatado un intenso debate político en España y ha reabierto las heridas de las víctimas del terrorismo. La entrada en vigor de esta norma implica que algunos de los terroristas de ETA podrán acumular las penas cumplidas en otros países europeos, específicamente en Francia, para reducir sus sentencias en España y salir de prisión antes de cumplir la totalidad de sus condenas.
Según las estimaciones de Sare, una red de apoyo a los presos de ETA, unos 52 reclusos podrían beneficiarse de esta nueva ley. Entre ellos, se calcula que 7 presos podrían salir en libertad antes de que finalice el año. De los reclusos afectados, 48 se encuentran en cárceles del País Vasco y Navarra y otros 4 están en Francia. Sin embargo, esta medida no se aplicará a todos los presos etarras por igual. Por ejemplo, el exjefe de ETA Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, no se beneficiará de esta reforma, ya que en 2014 la Audiencia Nacional ya tuvo en cuenta su condena en Francia para acumular sus penas, y por tanto, la aplicación de la nueva ley no implicará una reducción adicional en su caso.
La aprobación de esta ley ha sido controvertida, en parte porque incluye una enmienda introducida en el Congreso por Sumar, que suprime un artículo y una disposición adicional que anteriormente impedían a los etarras condenados descontarse penas cumplidas en otros países. Esta enmienda fue la que detonó el conflicto político entre el Gobierno y la oposición, ya que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) advirtió que, al eliminar estos puntos, se facilitaba que los presos etarras accedieran a beneficios penitenciarios.
El texto final de la ley fue aprobado por unanimidad en el Congreso y posteriormente pasó por el Senado sin que se presentaran vetos o enmiendas adicionales. Sin embargo, el Partido Popular denunció que la enmienda fue incluida "de tapadillo" y que apoyaron el texto por error, argumentando que no eran conscientes de que incluía esta medida que beneficiaría a presos de ETA. La oposición acusó al Ejecutivo de actuar de forma opaca, mientras que desde el Gobierno se defendió que la reforma se aprobó de acuerdo con las normas y recordaron que el texto era idéntico al que el propio Gobierno de Mariano Rajoy ya había respaldado en 2014 al promover una normativa similar de intercambio de antecedentes penales en el ámbito europeo.
Este nuevo marco legal ha sido criticado también por su posible impacto en el sistema de justicia penal y en la percepción de justicia de las víctimas de ETA. La medida ha provocado que algunos sectores consideren que se otorgan beneficios a terroristas, mientras que el Gobierno convenientemente sostiene que se trata simplemente de adecuar la legislación nacional a las directrices europeas para garantizar la igualdad en la aplicación de las condenas en toda la UE.