200.000 euros por inmigrante: la factura que amenaza el sistema social español
El debate sobre inmigración y sostenibilidad del sistema social se intensifica tras las revelaciones del economista español más citado en el mundo académico
El economista Jesús Fernández-Villaverde, catedrático en la Universidad de Pennsylvania y uno de los expertos españoles más reputados en macroeconomía, ha revelado que cada inmigrante no cualificado que llega a España representa un coste estimado de 200.000 euros para las arcas públicas a lo largo de su vida. Este dato procede de un cálculo que elaboró en 2007, durante su etapa como consultor externo de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según ha explicado el propio economista en la red social X (antes Twitter), el informe nunca llegó a publicarse debido a que en aquel momento la inmigración no era considerada una cuestión prioritaria en la agenda política, y además se trataba de un asunto delicado desde el punto de vista político.
Un modelo económico incompatible
Fernández-Villaverde sostiene que “la inmigración no cualificada y el Estado del bienestar son incompatibles”. A su juicio, el sistema actual de redistribución en España se basa en que el 70% de los ciudadanos de rentas bajas reciben transferencias netas del Estado. El 10% superior de la población es quien sostiene el sistema como contribuyente neto. Por el contrario, “el 99% de los inmigrantes que llegan a España desde fuera de la UE”, afirma, “se sitúan en el 90% inferior de renta”, con escasas excepciones.
En este contexto, el experto considera insostenible el modelo planteado por el Gobierno, que prevé atraer 3,5 millones de inmigrantes en la próxima década para “compensar las jubilaciones” y sostener el sistema público de pensiones. Este planteamiento ha sido calificado por Fernández-Villaverde como un “disparate económico”.
Costes acumulados y presión sobre el Estado
El dato de 200.000 euros por inmigrante no cualificado no es aislado. Se alinea con las conclusiones del reciente informe publicado por la fundación NEOS, titulado Inmigración en España: buenismo o eficacia. Según este estudio, el coste del exceso de inmigración en España ronda los 30.000 millones de euros anuales. Las cifras se explican, entre otras razones, por el elevado número de inmigrantes en paro —actualmente más de 1,4 millones de personas nacidas en el extranjero— y por el efecto multiplicador de familiares dependientes, como menores o cónyuges sin actividad laboral.
A esto se suma una fuerte presión sobre los servicios públicos, particularmente en educación, sanidad y vivienda social, así como sobre el mercado laboral, donde la competencia por empleos poco cualificados aumenta la precariedad y reduce los salarios.
Un debate cada vez más visible
La revelación de Fernández-Villaverde ha reavivado el debate sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar, el modelo migratorio español y la viabilidad del sistema de pensiones. El economista ha citado como ejemplo a Dinamarca, país que ha revisado su modelo tras detectar altos costes asociados a la inmigración procedente del Norte de África y Oriente Medio, y ha endurecido su política migratoria con expulsiones más frecuentes y recortes en ayudas a solicitantes de asilo.
Además, el catedrático no ha dudado en plantear una solución controvertida: “Quiero reducir las pensiones, al menos un 10%-15% de forma progresiva. Sé que no es popular, pero alguien tiene que decirle a los españoles la verdad”, declaró en sus publicaciones. Su planteamiento busca proteger el bienestar de las generaciones jóvenes, aunque reconoce que eso implicaría sacrificios para la población mayor.
Una propuesta de repliegue migratorio
En términos políticos y económicos, Fernández-Villaverde se muestra partidario de un repliegue migratorio. Propone incluso la salida del país de entre 3 y 4 millones de inmigrantes, medida que considera necesaria para garantizar la viabilidad del Estado social. Según su análisis, la inmigración debería limitarse a cubrir huecos específicos del mercado laboral, en lugar de sostenerse como base estructural del sistema de pensiones.
También ha subrayado que en 2007 no recibió ninguna presión para alterar su análisis y que David Taguas, entonces jefe de la Oficina Económica de la Presidencia, no censuró su trabajo. Simplemente, concluyeron que no era el momento adecuado para difundir ese tipo de información.
Mientras que países como Alemania o Francia siguen debatiendo reformas en sus políticas de inmigración laboral, el modelo español sigue anclado, según varios expertos, en una estrategia reactiva y asistencialista, más centrada en la acogida que en la cualificación. Esta situación genera tensión social y fractura política, especialmente en regiones con alta densidad migratoria y niveles elevados de desempleo juvenil.