La formación de Yolanda Díaz, Sumar, ha propuesto la elaboración de un Estatuto de la Información para "proteger" a los profesionales del sector que contempla la expulsión de la carrera periodística a quien "manipule y desinforme".

Así, el programa electoral de este partido recogido por Europa Press plantea que la instauración de un código deontológico "acabe con las informaciones falsas", contemplando "graves sanciones" y expulsión de la carrera periodística a quien manipule y desinforme.

Además, en el campo de la comunicación, la formación recupera una antigua propuesta del sector y contempla la puesta en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como órgano regulador, supervisor y sancionador.

DERECHO A INFORMACIÓN VERAZ Y REVISAR DELITOS DE OPINIÓN

También piensa que se deben destinar más recursos para fomentar el asociacionismo y profundizar el la libertad de la información y la protección de usos "fraudulentos" de la información.

En este sentido, considera imprescindibles explorar algunas vías normativas concretas, como una ley orgánica sobre el derecho a dar y recibir información veraz o la reforma del derecho de rectificación de las informaciones falsas. Para proteger la libertad de expresión, aboga por revisar los denominados delitos de opinión y derogar parcialmente la ley de seguridad ciudadana. A su vez, ve "ineludible abordar la regulación y el control democrático sobre el uso de datos masivos, el control público de algoritmos y la imparable introducción de la Inteligencia Artificial.

INVERSIÓN EN CINE

En otro apartado, Sumar ofrece revisar la actual regulación que obliga a las televisiones a invertir en cine y animación, "para contribuir de modo efectivo al apoyo de la producción independiente". También propone la creación de comités públicos para que el proceso de selección de los proyectos en los que participen las televisiones públicas "se rija por criterios de transparencia, equidad y pluralidad".

Asimismo, para fomentar la diversidad audiovisual, las televisiones públicas deberán dedicar un porcentaje de sus ingresos a la adquisición de títulos en lenguas oficiales del Estado, títulos europeos (no españoles) y latinoamericanos en condiciones equilibradas de mercado.