Miguel Ángel Revilla lleva, desde el pasado 28-M, buscando la 'amnistía' política para que la investigación judicial abierta por las mordidas en Obras Públicas no le salpique. Para ello, el líder del PRC está dispuesto a entregar al PP, incluso, gobiernos municipales. La futura presidenta regional ya se comprometió a llevar a cabo esa auditoría interna si llegaba al ejecutivo autonómico.

A pesar de toda la corrupción, el PP y el PRC podrían firmar a finales de esta semana o «a más tardar» el lunes de la próxima el acuerdo que permitirá la investidura como presidenta de Cantabria de la líder ‘popular’, María José Sáenz de Buruaga, que mantiene todos los «compromisos» recogidos en su programa electoral tras las conversaciones con los regionalistas, incluido el de llevar a cabo auditorías en la Consejería de Obras Públicas y en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Buruaga ha hecho esta aclaración tras la polémica surgida después de que el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, dijera que el partido se abstendría para permitir un gobierno del PP en solitario poniendo como condiciones que los ‘populares’ continúen las grandes obras que ha dejado en marcha el Gobierno anterior (PRC-PSOE) y que no hagan como cuando llegaron al Ejecutivo en 2011, «cuando sometieron a la tortura de comisiones de investigación a todo el mundo durante dos años».

Unas palabras que dieron que hablar y tras las que algunos insinuaron que el PRC quería impedir que se investigara a cambio de favorecer la investidura de la presidenta del PP, que ayer aclaró que «nadie le ha puesto sobre la mesa ningún tipo de exigencia en ese ámbito». «Tengo que ser honesta y decir las cosas como son», sentenció la candidata ‘popular’ a la Presidencia.

La Investigación. Además, ha asegurado que, de haber ocurrido, «nadie hubiera transigido lo más mínimo en el PP». 

«Nosotros vamos a tener que cumplir con nuestras obligaciones de gobierno, pero no vamos a renunciar a controlar ni a investigar lo que haya que controlar e investigar. Nadie lo ha planteado, pero nadie del PP hubiera transigido», ha insistido. Así, el PP pretende seguir la hoja de ruta aprobada la semana pasada por la Junta Directiva del partido -«no nos vamos a mover de ahí», ha sentenciado Buruaga- y mantiene la intención de investigar lo ocurrido en los últimos 20 años en la Consejería de Obras Públicas tras el presunto caso de corrupción estallado en el Servicio de Carreteras Autonómicas.

También mantiene el objetivo de desarrollar una auditoría en el SCS, aunque en este caso se plantea «en términos de eficiencia», con el objetivo de mejorar los servicios sanitarios. «Vamos a mantener nuestra manera de entender la política, vamos a mantener los compromisos y el programa electoral que hemos presentado, porque para mí es un contrato con los ciudadanos», ha respondido Buruaga a preguntas de la prensa este miércoles acerca del estado del acuerdo con el PRC.

Descarta un «pacto de legislatura»

En este sentido, ha matizado que el PP está manteniendo «conversaciones» con los regionalistas, más que «negociaciones», ya que lo que se está abordando es un acuerdo de investidura, «no un pacto de legislatura». 

Así, ha reiterado que «no hay negociación sobre ningún tipo de cargo y ningún tipo de condición en relación a ninguna renuncia a lo que son los principios básicos y fundamentales par el PP: principio de buen gobierno, de transparencia, de responsabilidad y honestidad en la gestión pública».

De hecho, el PRC ha trasladado su compromiso de abstenerse para favorecer la investidura de Buruaga y un gobierno en solitario sin que el PP tenga que pactar con Vox únicamente «a cambio de dar continuidad a toda una serie de proyectos estratégicos para Cantabria». Proyectos que, además, «forman parte del programa electoral» del PP, ha añadido la futura presidenta autonómica. «De lo único que hemos hablado en este momento es de seguir impulsando y dar continuidad a esos proyectos que están en tramitación, que estaban a punto de ponerse en marcha y que estaban en nuestro programa electora», ha remarcado, cuestionada por las condiciones del acuerdo para la investidura. 

Por ello, tras una primera reunión entre los representantes de ambos partidos celebrada el martes -en la que se emplazaron a otra la semana que viene-, Buruaga ha señalado que «ahora toca trabajar en el seno de esa comisión para plasmar este acuerdo puntual» que permita «materializar cuanto antes posible ese mandato de cambio que hemos recibido de los ciudadanos».

Un objetivo que podría estar firmado a finales de esta semana o comienzos de la próxima, para «poder empezar a disipar incertidumbres en relación a la formación de ese futuro gobierno y empezar cuanto antes a cumplir plazos y exigencias».

El primero de los plazos llegará el 22 de junio, día fijado para la constitución del Parlamento regional. A partir de ahí, habrá que «poner a funcionar el reloj» e intentar que Cantabria «tenga un gobierno cuanto antes para ponerse a trabajar», porque «hay mucho que hacer y muy poquito tiempo que perder», ha sentenciado Buruaga, que ha hecho estas declaraciones en el Puerto de Santander, donde ha acudido esta mañana a la inauguración de la terminal búnker GNL.

Exigen a Calviño negociar los Fondos Europeos

Candidatos del PP a presidir varias comunidades autónomas, entre las que se encuentra María José Sáenz de Buruaga, y consejeros de Hacienda autonómicos de este partido han dirigido una carta a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, para exigirle negociar 94.000 millones de euros de los fondos recuperación. La carta se ha enviado después de que el Consejo de Ministros aprobase el martes la adenda al Plan de Recuperación, cuyo texto explica que lleva aparejada la recepción de esos 94.000 millones. Teniendo en cuenta la celebración de elecciones generales el próximo 23 de julio, los representantes del PP piden a Calviño esa negociación antes de remitir la adenda a la Comisión Europea y de asumir por tanto obligaciones que afirman que pueden conducir a repetir errores del pasado. 

Exigen poder presentar sus propias propuestas y tomar entre todos una decisión sobre cómo ha de presentarse el documento a Bruselas y se quejan de la falta de transparencia del Gobierno y de un diálogo insuficiente con las comunidades, que subrayan que son las que tienen que ejecutar después los proyectos. Para los responsables autonómicos del PP, la aprobación de la adenda es «extemporánea», ya que hay que considerar los cambios derivados de las elecciones municipales y en diversas autonomías, así como el resultado que salga de las urnas el 23J y que precisan que puede propiciar un cambio de Gobierno. A su juicio, la gestión de los fondos Next Generation no marchan bien y todo funcionaría mejor si se hubiera tenido en cuenta al Partido Popular. La carta enviada a Calviño está firmada por los candidatos del 28M a presidir Aragón, Jorge Azcón; Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; entre otros.