Los políticos de izquierda que huyen de la pública cuando se trata de sus hijos
El pasado 7 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que modifica la normativa sobre creación y reconocimiento de universidades, una reforma impulsada por el Gobierno que endurece de forma drástica los requisitos para los centros privados en España y que ha sido defendida personalmente por Pedro Sánchez, según revela El Debate.
El presidente del Gobierno justificó la medida como un intento de poner freno a determinadas universidades privadas, a las que acusó de funcionar como negocios educativos sin garantías académicas, defendiendo la necesidad de cerrar el paso a nuevos proyectos que no cumplan estándares elevados.
Requisitos más duros para los campus privados
La nueva normativa obliga a las universidades privadas a contar con al menos 4.500 estudiantes, impartir diez grados, seis másteres y tres programas de doctorado, captar un 2 % de financiación mediante convocatorias competitivas o garantizar alojamiento al 10 % del alumnado, entre otras exigencias.
El reglamento afecta tanto a la creación de nuevas universidades como a la continuidad de las ya existentes, lo que ha generado un fuerte rechazo en el sector educativo privado.
La hija de Sánchez estudia en una universidad privada
En paralelo a esta ofensiva normativa, la hija menor del presidente del Gobierno, Carlota Sánchez, de 18 años, inició este curso el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Marketing en inglés en ESIC University, una universidad privada y de inspiración católica ubicada en Pozuelo de Alarcón.
El coste del grado asciende a 12.900 euros anuales y tiene una duración de cinco años. El centro está dirigido por los Padres Reparadores, también conocidos como los dehonianos.
Una práctica habitual entre dirigentes de izquierdas
El caso de la familia del presidente no es aislado. En los últimos años se ha generalizado entre dirigentes de la izquierda la escolarización de sus hijos en centros privados, pese a la defensa pública de la educación pública y las políticas restrictivas contra la privada.
Pablo Iglesias e Irene Montero matricularon a sus tres hijos en un colegio privado laico situado en Las Rozas, con un coste aproximado de 500 euros mensuales por alumno.
Por su parte, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, retiró a su hijo de un colegio público para escolarizarlo en El Estudio, uno de los centros privados más prestigiosos de Madrid.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, escolariza a su hijo en el Liceo Francés Molière de Zaragoza, con una matrícula cercana a los 7.000 euros anuales, mientras que las hijas de la exministra Isabel Celaá cursaron estudios en un colegio privado antes de acceder a la universidad.
Discurso público y decisiones privadas
La contradicción entre el discurso político y las decisiones personales de los principales dirigentes del Ejecutivo ha reabierto el debate sobre la coherencia del Gobierno en materia educativa, especialmente en un contexto en el que se endurecen las normas contra las universidades privadas mientras sus propios responsables confían la formación de sus hijos a este modelo.