Los sindicatos de educación rechazan los servicios mínimos fijados para la huelga

La Junta de Personal Docente de Cantabria ha expresado su «rechazo frontal» a los servicios mínimos fijados por la Consejería de Educación con motivo de la huelga del profesorado de Educación Infantil y Primaria, prevista para los días 8 y 9 de septiembre.

Según los sindicatos, las condiciones planteadas por la Consejería son «totalmente desproporcionadas» y «vulneran de manera flagrante» los derechos de los trabajadores del sector educativo. Reclaman de manera inmediata que se rectifique la medida y que se restituyan unos servicios mínimos «acordes con la legalidad, la proporcionalidad y el respeto a los derechos laborales».

En el comunicado difundido por la Junta se detalla que los servicios mínimos incluyen:

• La presencia de todo el equipo directivo en los centros educativos

• La obligatoriedad de contar con un tutor por cada grupo de alumnos

• Y además, un número adicional de docentes dependiendo del tamaño de cada colegio.

La representación sindical sostiene que este planteamiento supone una carga inédita y que nunca antes se había adoptado en ninguna convocatoria de huelga en la enseñanza cántabra.

El órgano sindical recuerda que en movilizaciones anteriores, como las que se llevaron a cabo al inicio de curso durante la etapa en la que Francisco Fernández Mañanes fue consejero de Educación (2017-2019) bajo el Gobierno de coalición PRC-PSOE, los servicios mínimos establecidos fueron «los habituales y razonables». En aquellas ocasiones, las medidas se limitaban a la presencia del equipo directivo y un número reducido y variable de docentes en función de las dimensiones del centro, lo que, en su criterio, permitía garantizar la atención básica sin impedir el derecho a la huelga.

En contraste con ese precedente, los sindicatos denuncian que ahora se intenta imponer «una cobertura que, en la práctica, convierte la huelga en inviable». Consideran que la decisión de la Consejería de Educación supone un intento de restringir el derecho de los trabajadores a ejercer la huelga y que con ello se «boicotea de forma descarada el legítimo ejercicio de este derecho constitucional».

Las organizaciones sindicales insisten en que los servicios mínimos deben equilibrar el derecho de los docentes a la protesta con el derecho de los estudiantes a recibir educación, pero que la Consejería «ha optado por eliminar por decreto el derecho a la legítima protesta del profesorado». Subrayan que las medidas presentadas «lejos de garantizar la seguridad y la atención básica del alumnado, buscan neutralizar la movilización del colectivo docente».

Finalmente, la Junta ha realizado un llamamiento abierto a la ciudadanía para que se sume a la manifestación convocada el lunes 8 de septiembre en Santander. Según remarcan, la movilización pretende defender tanto la educación pública como los derechos fundamentales de los trabajadores que forman parte del sistema educativo.