Yolanda Díaz blinda la subida del SMI y desafía a Montero con un informe de exención fiscal
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido blindar la próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ante posibles interferencias del Ministerio de Hacienda. Apenas un día después de aprobar en Consejo de Ministros el endurecimiento del control horario, Díaz ha encargado a su comité de expertos la elaboración de dos escenarios fiscales sobre el SMI de cara a 2026: uno con la renta mínima exenta del IRPF y otro en el que tributa con el tipo marginal vigente.
La decisión final recaerá sobre Hacienda, pero Trabajo busca mantener el control narrativo, reafirmando su compromiso con la Carta Social Europea, que exige que el salario mínimo represente al menos el 60% del salario medio. “Vamos a cumplir con la Carta Social Europea, exento de tributación o tributando. Y no nos vamos a distraer en discusiones”, afirmó Díaz, en una clara advertencia a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, con quien ya protagonizó un fuerte desencuentro por este mismo asunto en febrero pasado.
Entonces, Hacienda se negó a elevar el umbral mínimo del IRPF, obligando al Ejecutivo a improvisar una deducción temporal para evitar que los perceptores del SMI afrontaran una carga fiscal imprevista. El nuevo encargo de Trabajo busca evitar que se repita un choque similar dentro del Gobierno.
Un pulso político con repercusiones electorales en Andalucía
Más allá del plano técnico, la pugna entre Díaz y Montero tiene una clara dimensión política. Andalucía, comunidad que Montero aspira a presidir en las elecciones autonómicas de 2026, es la región con mayor número de trabajadores que perciben el salario mínimo: más de 510.000, según cifras oficiales de 2024. Le siguen Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.
El escenario obliga a Montero a elegir entre dos caminos igualmente delicados: aceptar la exención fiscal del SMI, con el consiguiente impacto en la recaudación, o mantener su tributación y asumir el coste político de gravar a los trabajadores con menores ingresos en plena precampaña andaluza.
Un salario mínimo cada vez más común en España
Los expertos alertan del impacto estructural de las sucesivas subidas del salario mínimo. Según la AIReF, el SMI se ha convertido ya en el sueldo más frecuente en la economía española, afectando al 7,4% de los asalariados, cuando en 2018 apenas representaba el 3,5%.
Este fenómeno, conocido como "bunching", refleja una concentración creciente de salarios en la parte baja de la escala retributiva. Es decir, cada vez más trabajadores —incluso con experiencia o cualificación— están percibiendo sueldos apenas por encima del mínimo legal. En la práctica, el SMI deja de ser un “suelo” y se convierte en la referencia central del mercado laboral.
Según datos del INE, el salario más habitual en 2023 fue de 15.574 euros brutos anuales, apenas 32,5 euros al mes por encima del SMI vigente ese año. La pirámide salarial se está estrechando por su base, sin que las subidas del mínimo estén impulsando el resto de los salarios hacia arriba.
Impacto económico: menos empleo, menor productividad
Los efectos de estas políticas sobre el empleo no son menores. La AIReF estima que la subida del SMI en 2019 provocó entre 40.000 y 65.000 afiliaciones menos, y que el incremento de 2023 podría haber afectado incluso a entre 55.000 y 85.000 empleos.
En paralelo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte que estas políticas están erosionando la competitividad de las empresas y debilitando la productividad a largo plazo. La patronal también ha expresado su preocupación, especialmente porque el 94% del tejido empresarial español está compuesto por microempresas, más vulnerables a los aumentos lineales de costes laborales.
Las consecuencias son claras: menor capacidad de contratación, mayor riesgo de exclusión laboral para los trabajadores menos cualificados y pérdida de dinamismo económico, justo en un momento en el que el mercado laboral trata de consolidar su recuperación.
Una bandera política tras el fracaso de la jornada laboral
El SMI se ha convertido en el principal símbolo político de Yolanda Díaz, sobre todo tras el reciente varapalo sufrido en el Congreso con la reforma para reducir la jornada laboral. Al reactivar el debate sobre el salario mínimo, Trabajo busca recuperar la iniciativa social y política, frente a una Hacienda que insiste en mantener la disciplina fiscal y proteger la recaudación ante un contexto económico complejo.
Díaz ya ha pedido a su equipo que tenga listo el informe de recomendaciones “lo antes posible”, con la intención de llevar el debate a la mesa de diálogo social junto a sindicatos y patronal. Lo que está en juego no es solo el sueldo mínimo de millones de trabajadores, sino también el equilibrio interno del Ejecutivo y el resultado de futuras citas electorales, especialmente en Andalucía.