economía

Sánchez se queda solo: ni la izquierda ni la derecha apoyan su plan fiscal del alquiler

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EP
Ni Sumar ni el PP respaldan la medida estrella de Sánchez para aliviar el mercado del alquiler

El Gobierno ha desatado una fuerte polémica con su última propuesta para aliviar la tensión en el mercado del alquiler: una bonificación del 100 % en el IRPF para los propietarios que no suban la renta a sus inquilinos. La medida, presentada por Pedro Sánchez, ha sido rechazada tanto por los sindicatos de inquilinos, como por sus socios de Gobierno e incluso sectores de la oposición.

Críticas desde todos los frentes

Los inquilinos han sido especialmente duros con la propuesta, denunciando que se trata de un nuevo privilegio fiscal para los propietarios. Desde el sindicato de inquilinos se advierte que, en un contexto de precios históricos, la congelación de rentas altas no es una solución real al problema:
«Congelar alquileres que la gente ya no puede pagar no resuelve el problema», denuncian.

La crítica central se basa en que esta bonificación no obliga a los caseros a mantener la renta: simplemente les ofrece una opción fiscalmente ventajosa, que podrían desechar si deciden subir el alquiler o desalojar al inquilino. Desde el sindicato se cuestiona que, mientras los trabajadores pagan impuestos por sus ingresos, los propietarios recibirían beneficios por seguir cobrando alquileres elevados, lo que consideran profundamente injusto.

Rechazo dentro del propio Gobierno

El rechazo no solo ha venido de los colectivos afectados. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, fue tajante al calificar la medida como «un grave error» y negó cualquier apoyo de su formación a «regalar dinero público a los rentistas».

Desde Sumar se insiste en que la prioridad debería ser frenar la subida masiva de los alquileres, y no premiar fiscalmente a quienes se benefician de un mercado tensionado. Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda del grupo, acusó al ala socialista del Ejecutivo de dar la espalda a los inquilinos y exigió un decreto urgente para proteger a las 600.000 personas que renovarán contrato este año en plena escalada de precios.

La oposición también carga contra la propuesta

Desde el Partido Popular, la reacción ha sido igualmente crítica. En paralelo al anuncio del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo presentó un paquete de 15 medidas alternativas, enfocadas, según el PP, en soluciones estructurales y no en lo que consideran «improvisación y propaganda» por parte del Gobierno.

Novedades legislativas en el horizonte: la ley del alquiler de temporada

Mientras se desarrollan estos debates, el Congreso votará en febrero la esperada ley de alquileres de temporada y habitaciones, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que se quedó fuera de la Ley de Vivienda. Esta nueva normativa pretende regular modalidades que hasta ahora escapaban al control legal, y prevé ampliar la duración de los contratos en zonas tensionadas, aunque por ahora esa prórroga de tres años solo se aplicaría en Cataluña, País Vasco, Galicia y Asturias.

El texto cuenta con apoyos de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, PNV y BNG, y solo necesitaría los votos de Junts para salir adelante.