En medio de la gestión de los fondos europeos Next Generation, el Gobierno enfrenta significativos obstáculos para distribuir los recursos, marcando casi tres años desde el inicio del Plan de Recuperación y Resiliencia. Los datos de octubre, divulgados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y analizados, revelan que la Administración central apenas ha desembolsado 7.311 millones de euros, representando un modesto 20,3% del monto comprometido por el Ejecutivo en términos de créditos presupuestarios.

La estrategia gubernamental para facilitar la distribución implica consignar créditos en los Presupuestos Generales (PGE) correspondientes al año en cuestión, reflejando los recursos que se pretenden asignar en concepto de fondos europeos.

Sin embargo, la ejecución actual sugiere una brecha sustancial, ya que los 28.691 millones presupuestados en los PGE de 2023 se incrementaron a 35.935 millones, una cifra que, a la luz de la presente ejecución, parece casi inalcanzable al cierre del año en curso.

La IGAE informa que, al finalizar octubre, aún restan pagos por realizar equivalentes a 28.624 millones dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que representa el 79,7% del total, y con solo dos meses restantes en el año. Las fuentes consultadas sugieren que persisten los mismos desafíos burocráticos, técnicos y de demoras en las convocatorias que han afectado la distribución de estos fondos desde su inicio.

En términos de pagos realizados durante los primeros diez meses de 2023, la cifra es incluso inferior en comparación con el mismo período del año anterior. Según la IGAE, entre enero y octubre del año pasado se autorizó el pago de 6.778 millones, el 23,8% de los 28.449 millones comprometidos en 2022, superando las cifras actuales en tres puntos y medio.

La falta de transparencia del Gobierno es notoria, ya que el dato de obligaciones reconocidas netas, considerado como indicador de la ejecución real, revela una ejecución del 33,6% de lo presupuestado en los primeros diez meses de 2023, en comparación con el 49% del año anterior.

En cuanto al destino de los fondos europeos, la lista de los 100 mayores beneficiarios publicada recientemente destaca que el 88% del monto se dirige al sector público, mientras que solo 662 millones llegaron a empresas privadas.

Los pagos de 2023 se centran mayoritariamente en los ministerios de Transportes e Industria, con proyectos notables como el Plan de Sostenibilidad Turística y Programas de Rehabilitación.

En resumen, las cifras de ejecución de los fondos Next Generation son consistentemente bajas, con una disminución anual constante. A medida que se acerca el cuarto año de ejecución, y con una prórroga otorgada por la Comisión Europea para gastar los fondos hasta 2026, el Gobierno enfrenta el desafío de acelerar la distribución, habiendo recibido hasta la fecha 37.000 millones de euros y trabajando en el cuarto desembolso pendiente.