La trampa legal que permite al Gobierno adjudicar contratos a dedo
Esta fórmula, que debería ser excepcional, se utilizó de forma habitual para adjudicar 2.950 contratos, lo que ha generado preocupaciones por la falta de transparencia y la limitación de la competencia en las contrataciones públicas.
Procedimientos opacos y falta de transparencia
Los contratos negociados sin publicidad son aquellos en los que la administración invita directamente a empresas a negociar las condiciones del contrato, sin publicidad previa. Esto reduce significativamente la competencia, ya que se limita el número de empresas que pueden acceder a la licitación. En muchos casos, el número de licitadores en estos contratos es muy bajo, con una media de 1,2 empresas participando en el proceso. Esto hace que el sistema sea extremadamente poco transparente y favorezca la adjudicación a un único proveedor.
A pesar de que la ley establece que este procedimiento solo debe utilizarse en situaciones excepcionales, como cuando una única empresa es capaz de ejecutar el contrato, la práctica habitual en la Administración es recurrir a esta fórmula incluso en contratos de gran envergadura, como los relacionados con Defensa o los tecnológicos. En estos casos, se omiten los plazos de publicación y se eliminan las barreras para la competencia, lo que resulta en un proceso menos abierto y más favorable para un número reducido de empresas.
Contratos menores y falta de competencia
Además de los contratos negociados sin publicidad, otra fórmula ampliamente utilizada por las administraciones es la de los contratos menores, que permiten a la Administración adjudicar contratos sin necesidad de cumplir con los procedimientos habituales de licitación pública. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, se adjudicaron más de 40.700 contratos menores por parte de la Administración General del Estado (AGE), muchos de los cuales se hicieron con menos de tres ofertas y sin fiscalización. Esta práctica limita aún más la competencia, ya que se eluden los procedimientos transparentes y se facilita la adjudicación de contratos a empresas específicas, sin que otras puedan competir.
Aunque la ley prohíbe contratar con familiares directos, las contrataciones a dedo pueden realizarse de forma indirecta, lo que permite que se sigan beneficiando determinadas empresas sin que se considere ilegal la práctica. La burocracia y las barreras administrativas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) son factores que contribuyen a la falta de competencia, ya que muchas pymes no pueden cumplir con los requisitos o enfrentan grandes dificultades para participar en los procesos de licitación.
Consecuencias de la falta de competencia
La falta de competencia tiene consecuencias directas en los costes de contratación. Con menos licitadores, las administraciones tienen menos posibilidades de obtener una mejor relación calidad-precio. Según los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), alrededor del 43% de los contratos adjudicados por la AGE en el último año solo recibieron una oferta, lo que supera con creces el límite del 20% establecido por la Comisión Europea como umbral máximo. La rebaja media obtenida en las adjudicaciones del tercer trimestre de 2023 fue del 11%, lo que muestra que la falta de competencia también impacta en la capacidad de la Administración para negociar precios más bajos, según informa The Objective.
El troceo de contratos para evitar concursos
El troceo de contratos también es una práctica común utilizada para eludir los procedimientos de licitación pública y adjudicar contratos a dedo. Uno de cada cuatro contratos de obras es troceado para evitar que el proceso de licitación sea obligatorio. Esta práctica se utiliza especialmente en los contratos menores y, aunque a menudo se infringe la ley, rara vez se denuncia o se lleva a los tribunales.
¿Qué implica para las pymes?
La falta de competencia y la opacidad en los procesos de contratación pública afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Al no poder competir en igualdad de condiciones con grandes empresas que ya tienen relaciones establecidas con la Administración, las pymes se ven excluidas del mercado. Esto perpetúa un sistema de favoritismo que beneficia a las grandes compañías y limita la innovación y la diversidad en los proveedores públicos.