El sector de la formación en Cantabria reclama medidas
19:12 27/04/20
Las empresas del sector de la formación han pedido este lunes al Gobierno de Cantabria que se tomen medidas para que puedan seguir con su actividad, entre ellas, que regule la homologación de la formación online como se ha hecho en otras comunidades autónomas.
También han reclamado al Ejecutivo regional que clarifique las medidas de seguridad en las que las empresas van a tener que invertir para retomar la formación presencial y de que se abonen los más de seis millones de euros pendientes de pago por formaciones impartidas entre 2017 y 2019.
De esto dependen más de 600 empleos en 70 centros de formación en Cantabria, según ha destacado la presidenta de la Comisión de Formación de CEOE-CEPYME, Montserrat Peña, en un comunicado.
Ha reclamado que el Gobierno regional adapte el decreto nacional que regula la formación no presencial a personas en situación de desempleo “para que las empresas puedan continuar su actividad de forma no presencial y quienes a causa de esta crisis del COVID-19 se han quedado en paro puedan acceder a una formación gratuita y más necesaria que nunca”.
"La formación para desempleados de Cantabria continúa parada pese a que el Servicio Público de Empleo ha emitido una resolución en la que recoge distintas opciones para continuar la impartición en formato no presencial manteniendo los reconocimientos oficiales", ha explicado Peña.
Sin embargo, ha recordado que esta resolución no se puede aplicar en Cantabria hasta que el Gobierno regional que tiene las competencias no adapte la norma como ya han hecho otras comunidades.
“El Gobierno de Cantabria permite a Educación seguir con la formación y finalizar el curso mientras mantiene parada toda la formación de miles de desempleados y a las empresas que la imparten”, ha criticado.
Peña ha indicado, además, que el Ejecutivo regional concede a las empresas la impartición de la formación a personas desempleadas y abona el 25 % del importe del cada curso al inicio de esta formación.
Por ello, ha reclamado también que el Gobierno cántabro que adelante el abono del 100 % del importe de cursos para inyectar a las empresas la liquidez que precisan “en un momento en el que la supervivencia de 600 empleos está en juego”.
Montserrat Peña ha defendido que esta medida ya se ha adoptado otras comunidades autónomas como Canarias y ha señalado que "supone que las empresas que no ejecuten o justifiquen la impartición de la formación deberían devolver su importe".
Finalmente, ha pedido claridad sobre qué medidas deben instalar para garantizar la seguridad de profesionales y alumnos. ![Publicidad 171034]()
También han reclamado al Ejecutivo regional que clarifique las medidas de seguridad en las que las empresas van a tener que invertir para retomar la formación presencial y de que se abonen los más de seis millones de euros pendientes de pago por formaciones impartidas entre 2017 y 2019.
De esto dependen más de 600 empleos en 70 centros de formación en Cantabria, según ha destacado la presidenta de la Comisión de Formación de CEOE-CEPYME, Montserrat Peña, en un comunicado.
Ha reclamado que el Gobierno regional adapte el decreto nacional que regula la formación no presencial a personas en situación de desempleo “para que las empresas puedan continuar su actividad de forma no presencial y quienes a causa de esta crisis del COVID-19 se han quedado en paro puedan acceder a una formación gratuita y más necesaria que nunca”.
"La formación para desempleados de Cantabria continúa parada pese a que el Servicio Público de Empleo ha emitido una resolución en la que recoge distintas opciones para continuar la impartición en formato no presencial manteniendo los reconocimientos oficiales", ha explicado Peña.
Sin embargo, ha recordado que esta resolución no se puede aplicar en Cantabria hasta que el Gobierno regional que tiene las competencias no adapte la norma como ya han hecho otras comunidades.
“El Gobierno de Cantabria permite a Educación seguir con la formación y finalizar el curso mientras mantiene parada toda la formación de miles de desempleados y a las empresas que la imparten”, ha criticado.
Peña ha indicado, además, que el Ejecutivo regional concede a las empresas la impartición de la formación a personas desempleadas y abona el 25 % del importe del cada curso al inicio de esta formación.
Por ello, ha reclamado también que el Gobierno cántabro que adelante el abono del 100 % del importe de cursos para inyectar a las empresas la liquidez que precisan “en un momento en el que la supervivencia de 600 empleos está en juego”.
Montserrat Peña ha defendido que esta medida ya se ha adoptado otras comunidades autónomas como Canarias y ha señalado que "supone que las empresas que no ejecuten o justifiquen la impartición de la formación deberían devolver su importe".
Finalmente, ha pedido claridad sobre qué medidas deben instalar para garantizar la seguridad de profesionales y alumnos.
