Sánchez promete viviendas que no construye: incumple su promesa de levantar 184.000 viviendas públicas

El Gobierno de Pedro Sánchez impulsa ayudas para inmigrantes temporeros mientras incumple su propio plan de construcción de vivienda pública. Sólo ha edificado 350 inmuebles desde 2023, de los 184.000 anunciados, revelando una desconexión entre promesas institucionales y prioridades políticas reales.

¿Qué ha decidido el Gobierno?

El Gobierno prepara una orden ministerial para subvencionar a ayuntamientos que realojen en viviendas dignas a inmigrantes temporeros que viven en asentamientos irregulares. Según el borrador, se trata de combatir la precariedad habitacional de quienes trabajan en campañas agrícolas, muchas de ellas mujeres contratadas en origen desde Marruecos.

Un Estado que abandona su promesa de vivienda pública

Pese a anunciar en 2023 la edificación de 184.000 viviendas públicas a lo largo de la legislatura, el Ejecutivo apenas ha entregado 350 inmuebles de titularidad estatal. Esta desproporción entre el anuncio y la realidad revela una grieta profunda entre el discurso gubernamental y su concreción efectiva, desdibujando la autoridad de la palabra política.

Vivienda para unos, espera para otros

Las ayudas públicas se destinarán a la adquisición, construcción o adecuación de inmuebles, siempre que estén ubicados fuera de los entornos segregados donde ahora se levantan los asentamientos chabolistas. Esto incluye la posibilidad de comprar viviendas para realojar temporalmente a los beneficiarios de los planes migratorios del Ejecutivo.

Una política que reproduce dependencia

Los programas de migración circular fomentados por el PSOE han traído cada año a 250 mujeres marroquíes para la recolección de frutos rojos en Huelva. El salario apenas supera el mínimo interprofesional, y muchas pierden el alojamiento tras la campaña, lo que reproduce las condiciones de vulnerabilidad que el propio Estado dice combatir.

¿Qué dice esto de la idea de ciudadanía?

Desde una perspectiva de filosofía política, la noción de ciudadanía supone el acceso a derechos universales, no condicionados por circunstancias temporales o étnicas. Al priorizar medidas segmentadas para colectivos puntuales mientras se desatiende la política general de vivienda pública, el Gobierno socava el principio republicano de igualdad ante la ley y erosiona la credibilidad del Estado como garante del bien común.

De la política al clientelismo asistencial

La vivienda, como eje de la dignidad personal y familiar, debe ser concebida desde una visión de justicia distributiva, no como herramienta de segmentación social. Subvencionar viviendas selectivamente mientras se incumplen promesas estructurales es, en esencia, una forma sutil de clientelismo, encubierto bajo el velo de políticas sociales. Esto debilita los lazos cívicos y la confianza en el sistema institucional.

La función pedagógica del Estado

Un Estado que no cumple su palabra educa mal a sus ciudadanos. La democracia no se sostiene solo en votos, sino en la relación entre el compromiso institucional y la realidad social. Prometer viviendas y no entregarlas, mientras se subvenciona vivienda para colectivos específicos, enseña que la política es retórica sin consecuencia. Una lección peligrosa en tiempos de desafección cívica.

El deber de gobernar para todos

La subsidiariedad católica enseña que el poder público debe acudir allí donde el ciudadano no puede llegar por sí solo. Pero no puede hacerlo selectivamente. No se gobierna con gestos ni discursos moralistas. Se gobierna con responsabilidad, y con la mirada puesta en el conjunto de la Nación.