El plan del Gobierno ante la crisis energética: prohibir despidos y controlar alquileres

La guerra en Irán ha reactivado las alarmas en el Gobierno español ante el posible impacto económico y energético que puede provocar en Europa. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó este jueves que el Ejecutivo está trabajando en un conjunto de medidas económicas y sociales que será aprobado previsiblemente en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

En declaraciones a TVE, la ministra pidió “tranquilidad” a ciudadanos y empresas, asegurando que el Gobierno sigue la evolución del conflicto día a día para calibrar la respuesta económica.

Según explicó, muchas herramientas para afrontar una crisis energética ya están activadas en la legislación laboral española, especialmente los ERTE y el denominado Mecanismo RED, diseñado para proteger el empleo en situaciones de crisis sectorial o económica.

El objetivo del Ejecutivo es evitar una destrucción masiva de empleo en caso de que el conflicto en Oriente Próximo provoque un fuerte encarecimiento de la energía.

Yolanda Díaz plantea prohibir despidos por causas energéticas

Una de las medidas más llamativas que estudia el Gobierno es prohibir los despidos justificados por el aumento de los costes energéticos.

La vicepresidenta lanzó un mensaje directo al tejido empresarial:

“No hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor.”

Según Díaz, las empresas disponen de herramientas suficientes para afrontar un aumento de costes sin recurrir al despido.

Entre las alternativas que el Ejecutivo quiere priorizar se encuentran:

• ERTE por causas económicas o energéticas

• Mecanismo RED de flexibilidad laboral

• Ayudas directas a empresas afectadas

• Medidas fiscales sobre combustibles

La prohibición de despedir por motivos energéticos no sería una medida inédita. Durante la pandemia y en la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, el Gobierno ya aprobó normas similares para evitar despidos.

No obstante, esta posibilidad vuelve a abrir un debate económico y jurídico sobre los límites de la intervención del Estado en el mercado laboral.

Movilidad obligatoria y transporte colectivo en empresas

Otra de las medidas que el Ejecutivo estudia es anticipar planes de movilidad sostenible en empresas, especialmente ante el aumento del precio de la gasolina y el gasoil.

La vicepresidenta explicó que el Gobierno quiere adelantar algunos mecanismos previstos en la futura Ley de Movilidad Sostenible, aún pendiente de aprobación parlamentaria.

La idea es fomentar que las empresas, especialmente las grandes, implanten:

• Transporte colectivo para trabajadores

• Planes de movilidad corporativa

• Reducción del uso individual del vehículo

Según Díaz, el precio actual de los combustibles “es imposible” para muchas familias trabajadoras, por lo que el Ejecutivo considera necesario reducir la dependencia del coche privado en los desplazamientos laborales.

Congelar alquileres y paralizar desahucios

En el ámbito social, el Gobierno también estudia medidas para contener el impacto del conflicto en el coste de la vida.

Entre las iniciativas sobre la mesa se encuentran:

• Congelación temporal de los alquileres

• Suspensión de desahucios

• Refuerzo de ayudas sociales

Estas medidas estarían siendo diseñadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy.

Sin embargo, la vicepresidenta reconoció que existen discrepancias dentro del Gobierno de coalición sobre algunas de estas propuestas, especialmente en lo relativo al control de los precios del alquiler.

Posible rebaja fiscal en gasolina y gasoil

Otra de las líneas de actuación que analiza el Ejecutivo afecta directamente a la fiscalidad de los combustibles.

El Ministerio de Hacienda estudia posibles ajustes en los impuestos sobre:

• Gasolina

• Gasóleo

El objetivo sería aliviar los costes de los sectores productivos más afectados, especialmente:

• Transporte

• Agricultura

• Industria

Además, estas medidas podrían ayudar a contener la inflación, que amenaza con repuntar si el conflicto en Oriente Próximo provoca una nueva escalada del precio del petróleo.