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L Gobierno de Cantabria plantea un ajuste del presupuesto regional en sus distintas consejerías por valor de 51,8 millones de euros para adaptarse «a la nueva realidad» por COVID-19 y poder destinar esos recursos al «gasto extraordinario» generado por la pandemia. Esos 51,8 millones de euros suponen la cantidad con que el Gobierno provee al Fondo Sanitario COVID-19, para hacer frente a sobrecostes generados por la pandemia. Tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Pablo Zuloaga, ha detallado en una rueda de prensa telemática esos ajustes en el presupuesto, que se han trasladado también a la Mesa del Diálogo Social.

El Gobierno, ha abundado Zuloaga, buscará el máximo consenso con los grupos parlamentarios para lograr la «ansiada unidad política» a la que ha vuelto a apelar, más allá de la mayoría que ostentan los socios de gobierno. «Queremos trabajar de la mano de los agentes sociales y de los grupos políticos para que entiendan el importante esfuerzo presupuestario que están haciendo en este momento cada una de las consejerías para garantizar los fondos necesarios para llevar a cabo los gastos sanitarios», ha subrayado Zuloaga.

La modificación para atender los gastos por coronavirus en las cuentas regionales para 2020, que ascienden a 2.885 millones, afecta en varias consejerías a subvenciones y partidas nominativas que ya no se van a poder ejecutar por el COVID-19. El ajuste tendrá que aprobarse en el Parlamento regional con una ley extraordinaria.

El recorte de presupuesto que han preparado las consejerías varía desde algo más de un millón de euros en el caso de Presidencia, hasta los 7,2 millones de Obras Públicas o los 8,5 de Economía y Hacienda. Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud también renuncian a algunas partidas, sobre todo correspondientes a obras previstas. Afectará además a las obras del soterramiento de las vías de ferrocarril en Torrelavega, con el aplazamiento de una consignación de 4,5 millones, y también a la Fundación Comillas, ya que la Consejería de Economía suprime su aportación a la entidad para 2020.

Por consejerías, Presidencia recortará más de un millón de euros provenientes del ajuste de algunas partidas nominativas y fondos de difícil ejecución en 2020, aunque Zuloaga ha precisado que se mantiene lo estipulado en el Fondo de Cooperación Municipal.

En la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte se recortarán más de 7 millones de euros, de ellos 1,5 millones en obras en el campus de la Universidad de Cantabria, a la que Zuloaga ha agradecido su colaboración. Los ajustes en esta Consejería se vinculan a actividades en las que estaba previsto que hubiera aglomeraciones. Zuloaga ha señalado que desaparecen del presupuesto partidas como las de 600.000 y 500.000 euros para el Festival Internacional de Santander y la Fundación Albéniz, respectivamente, pero que eso no quiere decir que las aportaciones del Gobierno vayan a suprimirse necesariamente porque podrán beneficiarse de parte de los 2 millones con los que el plan de choque está dotado en el apartado cultural.

Obras Públicas es, junto a la Consejería de Economía y Hacienda, de las más afectadas por el recorte, que en su caso llega a 7,2 millones sobre todo en gastos corrientes y en actuaciones, en este caso por valor de 6,4 millones, de los que 3 se destinarían a su propio plan de choque.

Zuloaga ha reivindicado también el esfuerzo de más de 8,5 millones de Economía y Hacienda, suprimiendo la aportación a la Fundación Comillas y reduciendo la aportación al Instituto Cántabro de Estadística y al Centro de Estudios de la Administración.

Este departamento también ha hecho «dos ajustes importantes» con la cancelación anticipada de derivados en la deuda pública y una aportación de dos millones procedentes del programa de imprevistos del Presupuesto de Cantabria. La Consejería de Industria destinará a Sanidad 5,8 millones de euros, que provienen sobre todo de ajustes presupuestarios de subvenciones que no se van a desarrollar por el tiempo perdido por el coronavirus.

Educación y Turismo ajustará 6,1 millones relativos a gastos corrientes y partidas «de dudosa ejecución». Cinco millones de euros es la cantidad que aportará la Consejería de Ganadería, que ha desistido de diversas actuaciones difícilmente ejecutables por el virus, al tiempo que ha ajustado las subvenciones nominativas porque muchas no se van a poder llevar a cabo. Por otro lado, Zuloaga ha informado de que en la última semana se han registrado dos donaciones particulares de 50.000 euros cada una a la cuenta habilitada por el Ejecutivo para recibir aportaciones contra la COVID-19, que también ha recibido 200.000 euros del Banco Santander para costear la distribución de mascarillas higiénicas. En total, se han contabilizado 178 donaciones con más de 427.000 euros. Por otra parte, El vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha asegurado que «no hay injerencias políticas» en la atención sanitaria que reciben los pacientes, cuyo tratamiento se basa «estrictamente» en criterios médicos.

Zuloaga se ha pronunciado así tras detallar los acuerdos del Consejo de Gobierno al ser preguntado por las críticas de la patronal de las residencias, que ha instado a Sanidad a que publique los datos de cuántos residentes han entrado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cuántos han tenido acceso a un respirador y qué numero de ellos han recibido medicación al acudir a un hospital. «Cualquier paciente que accede a un hospital es tratado con los criterios médicos. Es una decisión facultativa, en ningún caso una decisión política», ha afirmado el vicepresidente. Así, ha explicado que cuando un paciente es trasladado a la UCI es porque lo decide un profesional sanitario, y allí se le proporciona el tratamiento que «deciden los médicos en cada momento».

«Es justo reconocer que no hay ninguna injerencia sobre el trabajo que deben hacer los sanitarios porque el criterio de ingreso hospitalario y en UCI es estrictamente profesional y vinculado a la ‘lex artis’», ha incidido Zuloaga, quien insiste en que el criterio «no se establece en ningún caso desde la autoridad sanitaria». Cuestionado también por las relaciones con la Federación Empresarial de la Dependencia, que asegura que el Ejecutivo cántabro no responde ni a sus cuestiones ni a sus cartas, Zuloaga ha afirmado que existe una relación «directa» con las residencias.

Dijo que a los centros se les dispone de medios y se les explica «en todo caso» los protocolos, como así ocurre con los familiares de los residentes que acceden a tratamiento sanitario en los hospitales. «Las residencias no suplen a las familias en el caso de acceder a la información sobre los tratamientos sanitarios que reciben las personas dependientes. Y ellas son las que son puntualmente informadas en cada caso», ha apostillado.