En una reacción contundente ante el Real Decreto-Ley promulgado por el Gobierno y expuesto durante el Consejo de Ministros, las principales patronales empresariales del país, entre ellas CEOE, Cepyme y ATA, han emitido un comunicado manifestando su desacuerdo con la decisión gubernamental de cambiar el modelo de prevalencia de los convenios laborales. Esta transformación, según el decreto, otorga prioridad a los convenios provinciales sobre los estatales y sectoriales.

Según el comunicado emitido por las organizaciones empresariales, la medida adoptada por el Ejecutivo, además de no haber sido objeto de análisis en las mesas de diálogo, representa lo que ellos denominan una "deriva intervencionista" de las políticas económicas, específicamente en el ámbito laboral, lideradas por Pedro Sánchez. En palabras de Antonio Garamendi, presidente de CEOE: "El Gobierno sigue ahondando en la deriva intervencionista que hace mucho tiempo venimos denunciando en el ámbito de las relaciones laborales."

La reprobación de las patronales se fundamenta en la modificación sustancial y unilateral de la estructura de la negociación colectiva, la cual tradicionalmente ha sido un espacio exclusivo y autónomo para empresas y trabajadores. A juicio de Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, este cambio se realiza para cumplir con pactos políticos y no para promover el interés general y la prosperidad económica del país.

Por otro lado, las organizaciones empresariales también han expresado su preocupación por lo que consideran una intromisión del Gobierno en el diálogo social al incluir en los foros de discusión a actores que favorecen sus propios intereses. Lorenzo Amor, presidente de ATA, afirmó: "Es todavía más incomprensible la actitud del Gobierno de querer romper el diálogo social al forzar la entrada en foros de diálogo a actores afines a sus intereses."

Este descontento empresarial se suma a una serie de tensiones previas relacionadas con la reforma del subsidio por desempleo, en la cual el Gobierno introdujo medidas que modifican la composición de la representatividad empresarial en el Consejo Económico y Social (CES).