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El Diario de Cantabria

Patronal y sindicatos exigen devolver la reforma laboral al diálogo social

Patronal y sindicatos exigen devolver la reforma laboral al diálogo social
Los agentes sociales han exigido al Gobierno que la negociación sobre la reforma laboral vuelva al diálogo social, un ámbito en el que ya habían comenzado las conversaciones para modificar los aspectos más urgentes de la norma del PP de 2012, pero que quedaron en el aire por la irrupción del coronavirus.

El acuerdo del Gobierno de coalición con Bildu, para sumar su apoyo a la prórroga del estado de alarma, ha generado especial malestar en la patronal CEOE, que considera que la derogación íntegra de la reforma laboral de 2012 "tendrá unas consecuencias negativas incalculables" en la economía y en la confianza empresarial, lo que "impactará de forma profundamente negativa en el empleo".

El acuerdo PSOE-UP-Bildu reproduce el pacto de investidura entre el partido socialista y Unidas Podemos en el que no se especificaba si la derogación iba a ser completa o solo de los aspectos más lesivos, aunque el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha defendido que aquel pacto ya contemplaba una revocación íntegra.

"Voy a ser cristalino. Se va a derogar íntegramente la reforma laboral. El pacto de ayer con Bildu lleva la firma de los tres portavoces de los grupos parlamentarios, luego cada partido puede decir lo que quiera", ha afirmado Iglesias en declaraciones a Catalunya Radio.

Ha sido después de que el PSOE mandara anoche una nota aclaratoria anulando el punto primero del acuerdo, que establecía la derogación "de manera íntegra" de la reforma laboral de 2012 antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por la epidemia de la COVID-19.

Bildu considera que la nota del PSOE es únicamente una "matización terminológica" y no cree que invalide el acuerdo firmado.

En el mundo empresarial no ha caído muy bien este acuerdo político, que en sus términos originales supondría, entre otras cosas, incrementar el coste del despido que fue abaratado en 2012, una cuestión que de momento no estaba encima de la mesa de diálogo social y que cuenta con la oposición frontal de la patronal.

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