El Parlamento Europeo frena el acuerdo con Mercosur y lo envía al TJUE
La Eurocámara ha asestado un duro revés a la Comisión Europea al frenar el acuerdo con Mercosur, al considerar necesario que el Tribunal de Justicia de la UE evalúe si el procedimiento seguido vulnera los Tratados comunitarios
El Parlamento Europeo ha decidido frenar la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), al aprobar con 334 votos a favor y 324 en contra la solicitud de un dictamen jurídico al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad del tratado. Esta decisión supone un revés significativo para la Comisión Europea, que había avanzado para cerrar definitivamente un pacto que lleva más de dos décadas en negociación.
La iniciativa, impulsada por los grupos de La Izquierda y Los Verdes, ha contado también con el apoyo de algunos eurodiputados del grupo Patriotas por Europa, así como del PNV, dentro del grupo Renew Europe. En cambio, los representantes del PP y del PSOE han votado en contra de paralizar el procedimiento, a pesar de la presión del sector agrario, que lleva meses exigiendo que se revise el acuerdo para proteger a la agricultura y ganadería europeas.
Con esta votación, se activa el artículo 218.11 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite a las instituciones europeas solicitar al TJUE un dictamen legal vinculante sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con los tratados fundacionales de la Unión. Ahora, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, deberá remitir formalmente la consulta al tribunal con sede en Luxemburgo, que podría tardar entre uno y dos años en emitir su veredicto. Hasta entonces, el proceso de ratificación queda bloqueado.
La Comisión Europea, en un intento por sortear los obstáculos legales, había dividido el acuerdo en dos partes: una parte comercial, que podía aplicarse de forma provisional sin necesidad de aprobación por parte de los Estados miembro, y una parte de asociación política, que sí requería la ratificación de los 27 parlamentos nacionales. Esta maniobra ha sido duramente criticada por eurodiputados contrarios al tratado, que consideran que se ha vulnerado el principio democrático y la soberanía legislativa.
Las organizaciones agrarias españolas, como COAG y Asaja, han celebrado la decisión como una gran victoria. Andrés Góngora, dirigente de COAG, afirmó: «Esto demuestra que la presión en la calle y las gestiones políticas están dando frutos». Por su parte, José María Castilla, de Asaja, subrayó que “sí a los acuerdos comerciales, pero con cláusulas de reciprocidad. Y los acuerdos con Mercosur y Marruecos no lo son”.
El principal temor de los agricultores y ganaderos es la competencia desleal, ya que muchos de los productos agroalimentarios importados desde América del Sur se cultivan o procesan bajo estándares ambientales, laborales y sanitarios más laxos que los exigidos en Europa. En consecuencia, el tratado podría poner en riesgo miles de explotaciones familiares, especialmente en sectores sensibles como el vacuno, la avicultura o los cereales.
En contrapartida, la Comisión Europea argumenta que este tratado es estratégico para reforzar la presencia europea en América Latina, en un contexto geopolítico en el que China está aumentando su influencia en la región. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, incluso viajó a Paraguay para firmar el acuerdo, calificándolo como un "momento histórico para la UE".
A pesar de todo, la presión ciudadana y las movilizaciones del sector agrícola han tenido un efecto contundente. Esta semana, alrededor de 10.000 agricultores y ganaderos se manifestaron en Estrasburgo. Muchos portaban pancartas exigiendo la retirada del acuerdo y denunciando que este «no defiende ni al campo español ni al europeo».
En resumen, la aprobación de esta resolución en el Parlamento Europeo supone un frenazo considerable al acuerdo Mercosur-UE, cuyo futuro queda ahora en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si el tribunal considera que el proceso ha sido incompatible con los Tratados, el acuerdo podría ser bloqueado total o parcialmente de forma definitiva. Mientras tanto, el campo europeo celebra este logro como un paso crucial para defender su supervivencia económica y social.