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El Diario de Cantabria

Pago a 15.300 autónomos

Percibirán hoy viernes la prestación extraordinaria por el cese de actividad por la pandemia

Los bares y restaurantes son uno de los sectores más castigados. / José Ramón
Los bares y restaurantes son uno de los sectores más castigados. / José Ramón
Pago a 15.300 autónomos

Un total de 15.300 autónomos de Cantabria van a percibir hoy viernes la prestación extraordinaria por cese de actividad puesta en marcha por el Gobierno de España ante la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19. En la Comunidad Autónoma, 16.593 autónomos han presentado la solicitud para esta prestación, que conlleva la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal, y de ellas 15.300 ya han sido resueltas favorablemente. En el conjunto del país, hoy viernes percibirán esta prestación un total de 1.154.195 autónomos, lo que supondrá una inyección económica por parte del Gobierno de 641,2 millones de euros.

Esta prestación puesta en marcha por el Estado ya fue abonada por primera vez el pasado 17 de abril, cuando 919.173 autónomos recibieron un total de 670,9 millones euros correspondientes al periodo entre el 14 de marzo y esa fecha.

Ahora, aquellos autónomos que cobraron el 17 de abril y que en Cantabria ascendieron a 12.043 trabajadores por cuenta propia, han percibido media mensualidad. Tiene acceso a esta prestación cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen correspondiente que se vea afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de alarma o cuya facturación caiga en el mes un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior. 

En el caso de algunos colectivos como el régimen agrario, del mar – con unas actividades muy estacionales- o de la cultura y el espectáculo, el periodo de cálculo se adapta a las peculiaridades de esos sectores. Los autónomos beneficiarios de la prestación que puedan abrir su negocio al inicio de la desescalada seguirán percibiéndola hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma. La ayuda busca proteger la falta de ingresos de los autónomos en esta situación excepcional y contribuir a la supervivencia de su negocio.

Por otro lado, el Gobierno de Cantabria «última» las bases de las ayudas del denominado ‘Cheque de Autónomos’ tras acordar con los responsables de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria (ATA) y la Unión Profesional Cantabria (UPC) el diseño de un sistema «simplificado, ágil y eficaz».

El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, ha explicado que el procedimiento de las ayudas será «rápido» como solicitan los profesionales del sector y como él se comprometió el martes en el Parlamento de Cantabria con los grupos parlamentarios dentro de la comisión especial sobre el COVID-19.

El ‘Cheque de Autónomos’ pretende continuar apoyando a este importante grupo de trabajadores que en Cantabria superan los 40.000 para atenuar las consecuencias de la crisis sanitaria producida por el contagio del COVID-19. Después de la implantación del ‘Cheque Resistencia’, destinado a los autónomos y micropymes que fueron obligados a cesar su actividad por los Reales Decretos del Gobierno de España, la nueva ayuda cuenta con una dotación de nueve millones de euros, supondrá el pago de una tarifa plana de 286,15 euros a los autónomos y mutualistas de Cantabria y los beneficiarios pueden llegar hasta 30.000 personas. Tras consultar a los responsables de la UPC, Andrés Diego, y de ATA, Ana Cabrero, el consejero y el director general de SODERCAN, Javier Carrión, han acordado simplificar las bases para facilitar las tramitaciones de estas ayudas basándose en la declaración responsable de los solicitantes y la autorización para las comprobaciones. Entre los requisitos, además de una renta inferior a los 30.000 euros anuales, se pedirá que los autónomos certifiquen su estado por medio del RETA o el correspondiente a la Mutualidad. Martín, con el criterio de ser lo más ágil y eficaz, ha defendido que la solicitud esté basada fundamentalmente «en la buena voluntad, en la palabra del solicitante, en lo que se refiere a la responsabilidad del cumplimiento por medio de una declaración responsable, con la consiguiente autorización para que, en caso necesario, la Administración indague sobre la veracidad de los datos».

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