OPA de alto voltaje: BBVA lanza su última oferta mientras el Gobierno juega con el calendario

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha movido ficha en su intento por consolidar la fusión con el Banco Sabadell. Según fuentes conocedoras de la negociación, el presidente del grupo, Carlos Torres Vila, ha ofrecido al Gobierno de Pedro Sánchez una mejora en el precio de la OPA valorada en 1.000 millones de euros, siempre y cuando el Ejecutivo no imponga condiciones restrictivas adicionales en la llamada Fase 3 del procedimiento, iniciada con la consulta pública lanzada esta semana.

El incremento del valor de la oferta, que se realizaría mediante acciones y no en efectivo, se presenta como una concesión estratégica para obtener luz verde del Consejo de Ministros, que debe pronunciarse antes de que expire el plazo legal el próximo 27 de mayo. De aceptarse, la mejora representaría una subida del 7,9% sobre la valoración actual del Sabadell, fijada en unos 12.650 millones de euros.

Fuentes cercanas al banco aseguran que “Torres considera que con esta mejora será suficiente para que la operación prospere sin tener que llegar a los 2.000 millones de margen con los que cuenta”. Si el Gobierno opta por imponer condiciones duras, el BBVA mantendría su oferta original sin revisión, arriesgándose a que los accionistas del Sabadell no la acepten.

Presiones políticas y consultas como freno

La decisión de Moncloa de convocar una consulta pública ha sido interpretada por el mercado como una maniobra política para dilatar la operación o incluso frenarla. La medida llegó justo después de que la CNMC aprobara sin objeciones los compromisos de BBVA, y sin atender a las 80 solicitudes de comparecencia de sindicatos, patronales y entidades civiles.

La reacción del BBVA no se ha hecho esperar. Aparte de la mejora económica, ha lanzado una batería de compromisos paralelos: mantener una sede operativa en Barcelona, evitar ajustes traumáticos en Cataluña, y colaborar en otras operaciones de interés gubernamental, como la bloqueada compra de Talgo.

Junts y la aritmética parlamentaria, factores clave

Uno de los principales escollos es la posición de Junts per Catalunya, que ha presionado al Gobierno para imponer restricciones adicionales a la OPA, especialmente vinculadas a la protección del empleo, la soberanía económica catalana y la red de oficinas del Sabadell.

Para el Ejecutivo de Sánchez, cualquier paso en falso podría implicar un nuevo frente con sus socios parlamentarios, en plena recta final antes de las elecciones europeas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dispone aún de margen para maniobrar, pero la complejidad política y regulatoria aumenta.

Obstáculos técnicos para BBVA

A pesar del ofrecimiento, el BBVA enfrenta límites operativos reales para mejorar sustancialmente la oferta. Elevar el canje accionarial podría requerir una nueva junta de accionistas, además de impactar en su colchón de capital y en la rentabilidad prevista tras aplicar las sinergias, ya reducidas por los compromisos exigidos por la CNMC y el impuesto especial a la banca.

En este contexto, los 1.000 millones adicionales se perfilan como el último as bajo la manga para intentar convencer a Moncloa sin tensar su propio equilibrio financiero.

Próximos pasos: plazo hasta finales de junio

Si Cuerpo eleva la cuestión al Consejo de Ministros, este dispondrá de un mes prorrogable para decidir las condiciones definitivas. Las justificaciones legales no podrán basarse en competencia —ya resuelta por la CNMC—, sino en aspectos como la cohesión territorial, la regulación sectorial o la libre circulación de servicios.

La OPA se encuentra, así, en un limbo político y económico. La decisión no solo marcará el futuro de dos de las principales entidades bancarias del país, sino que será un precedente en la gestión del capital financiero en clave geoestratégica y territorial.