La okupación fuerza a miles de propietarios a pedir ayuda al Estado
Los propietarios afectados por la okupación reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez la creación de un fondo público que cubra los impagos del alquiler y los gastos asociados cuando la Administración impide el desahucio de okupas considerados vulnerables mediante Real Decreto.
Los afectados, muchos de los cuales llevan desde 2020 sin percibir rentas, consideran imprescindible que el Ejecutivo subrogue de oficio las mensualidades, con el consentimiento del propietario, mediante un ingreso periódico automático que compense el perjuicio económico sufrido mientras no puedan recuperar sus viviendas.
Desde las asociaciones de afectados explican que el objetivo es que los propietarios no tengan que asumir ni los costes del alquiler ni los suministros, que en muchos casos siguen pagando pese a no poder acceder a sus inmuebles. Reclaman además que el sistema sea ágil y automático, sin trámites burocráticos añadidos.
Los colectivos cifran en alrededor de 80.000 los propietarios perjudicados por la imposibilidad de desalojar a okupas en situación de vulnerabilidad. Subrayan, no obstante, que la creación de este fondo no debería ser una solución permanente, sino una medida temporal mientras el Estado ofrece una alternativa habitacional real a las familias afectadas.
En este sentido, advierten de que el problema de fondo es la falta de vivienda pública, y rechazan que se utilicen propiedades privadas como solución estructural a la emergencia habitacional. Defienden que el Gobierno debe asumir directamente su responsabilidad constitucional, sin trasladar el coste a terceros.
Los afectados también denuncian el fracaso del actual sistema de compensaciones, del que aseguran que solo ha beneficiado a un 7% de los propietarios en los últimos seis años. Critican que las ayudas sean insuficientes, desiguales según el territorio y condicionadas a criterios como las zonas tensionadas.
Según relatan, los procedimientos para acceder a estas compensaciones son lentos, complejos y poco garantistas, y en muchos casos acaban bloqueados por trabas administrativas o falta de fondos autonómicos, dejando a los propietarios sin ingresos y obligados a asumir gastos inasumibles de mantenimiento y suministros.
Las asociaciones insisten en que compensar con dinero público el uso forzoso de una propiedad privada no es una solución eficaz ni justa. A su juicio, el Estado debe proteger a las familias vulnerables con recursos propios, sin convertir a los propietarios en un instrumento involuntario de política social.
Esta información la publica OKDIARIO, que ha recogido las demandas de los afectados por la okupación, el impacto económico de las medidas antidesahucios y las críticas al sistema de compensaciones vigente.