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IMPUESTOS

Nuevo impuesto disfrazado: la reforma de pensiones y sus implicaciones en la competitividad empresarial

El ministro José Luis Escrivá. EP / Rafael Bastante
El ministro José Luis Escrivá. EP / Rafael Bastante
Nuevo impuesto disfrazado: la reforma de pensiones y sus implicaciones en la competitividad empresarial

En un hecho que ha sacudido el panorama laboral español, el ya exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó la tan esperada reforma de las pensiones, caracterizándola como un "ajuste modesto". No obstante, tras un análisis más detenido, se revela que este "ajuste" implica un significativo aumento en la carga tributaria, generando preocupación en el tejido empresarial de España.

El flamante titular de Transición Digital ha introducido una medida que ha generado controversia: la inclusión de tributos puros y duros, presentados como contribuciones al sistema. Un ejemplo claro de esto es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que impone a todos los afiliados una carga adicional del 1,2 %. Este porcentaje se distribuye entre la empresa (1 %) y el trabajador (0,2 %), bajo la aparente premisa de equidad generacional. A pesar de que se había anunciado inicialmente que este impuesto disfrazado de descuento estaría vigente hasta 2033, las presiones de Bruselas llevaron al Gobierno a extender su aplicación, al menos, hasta el año 2050.

Una de las características más inquietantes de esta reforma es la posibilidad de endurecer el MEI en el año 2025 si no se logran implementar las medidas de ajuste necesarias. Esta amenaza añade un componente de incertidumbre tanto para los trabajadores como para las empresas, que ahora deben prepararse para afrontar un nuevo golpe económico en el horizonte cercano.

Además, la reforma contempla un aumento en la cotización sobre la base máxima salarial, que se sitúa cerca de los 54.000 euros. A partir de este umbral, se aplicará un incremento adicional del 1,2 % sobre la pensión máxima, elevando así la carga tributaria para los ingresos más altos. Este aumento se ve complementado con la introducción de la llamada cuota de solidaridad, que oscila entre el 5,5 % y el 7 % de la diferencia entre el total y la base máxima. Esta medida impactará directamente en los costes laborales, incrementándolos en un 7 % para salarios por encima de la base máxima y hasta un 9 % para aquellos que superen los 65,000 euros.

Este escenario se presenta en un momento crítico para España, que ya enfrenta una competitividad por debajo de la media europea y ostenta la tasa de desempleo más elevada de toda la Unión Europea. La pregunta que resuena en el ámbito laboral es: ¿cómo afectará este aumento de la carga tributaria a la ya precaria situación económica del país?

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