A partir de 2024, la Directiva DAC7 de la Unión Europea exige a plataformas como Wallapop informar a Hacienda sobre los vendedores con ventas superiores a 2,000 euros anuales o más de 30 transacciones. La normativa busca controlar el comercio electrónico, generando preocupaciones sobre la tributación de beneficios y su impacto en los usuarios. Aunque algunas plataformas se limitan a cumplir con la directiva, la incertidumbre persiste sobre las posibles consecuencias fiscales para aquellos que superen los límites establecidos.

La fiscalización online, que anteriormente gravaba solo los beneficios reales, ahora incluirá el envío de datos fiscales a Hacienda si se cumplen ciertos criterios. Residentes en la Unión Europea con contraprestaciones iguales o superiores a 2,000 euros o más de 30 ventas anuales deberán ser reportados, generando incertidumbre entre quienes utilizan estas plataformas para vender artículos de segunda mano.

Ante la nueva directiva, algunos usuarios, como José, cuyas ventas anuales alcanzan los 11,650 euros en Wallapop, expresan su preocupación por posibles impuestos sobre beneficios. La incertidumbre se agrava por la falta de claridad sobre las consecuencias fiscales y la percepción de una mayor supervisión estatal sobre las transacciones individuales.

Expertos fiscales también expresan incertidumbre y critican la falta de claridad sobre posibles repercusiones fiscales. La percepción de una "persecución" lleva a algunos usuarios a plantear alternativas, como cerrar transacciones por fuera de las plataformas, buscando el anonimato y eludir el control estatal sobre las operaciones. La incertidumbre persiste en torno a las consecuencias de la nueva normativa para la economía circular entre particulares.