Aunque España no es uno de los países con una dependencia sistémica de los recursos de gas procedentes de Rusia, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido implantar en tiempo récord la legislación de ahorro energético más restrictiva de Europa. Al margen de las medidas simbólicas del fuera corbatas y de la ropa ligera, el ajuste de temperatura a 27 grados, el apagón de los escaparates durante la noche y un régimen sancionador muy duro ha levantado las críticas empresariales y las dudas de las administraciones regionales –que son las que tienen competencias en esta materia– por la premura y la falta de diálogo por parte del Ejecutivo.

Ni siquiera Alemania, Italia y Francia o los países más cercanos a la frontera rusa han dado el paso de legislar para reducir el gasto entre sus empresas y ciudadanos, pese a su dependencia en más de un 60% de las materias primas bajo control de Putin.

Por ejemplo, Alemania, adalid de la buena gestión energética, no ha preparado hasta ahora ningún plan vinculante para todos sus gobiernos federales. Se ha limitado a emitir un bando de recomendaciones para que en los edificios públicos y en las oficinas no se refrigeren las áreas no utilizadas o se cierre el agua caliente. Por eso, han sido los propios estados alemanes y sus municipios quienes han adoptado medidas a nivel local, como reducir el alumbrado público en edificios y monumentos o limitar la temperatura de edificios oficiales.

Pero esta rapidez a la hora de implementar la orden de la Comisión Europea de reducir un 7% el consumo de energía ha llevado al Ministerio de Transición Ecológica a imponer unas medidas que sobrepasan todas las que hasta ahora se habían implementado en otros países europeos, que únicamente habían autorizado obligaciones restrictivas a nivel regional o municipal, pero en ningún caso con decretos impuestos por los gobiernos centrales. Es más, muchos de los planes en estos países han surgido dentro del propio entramado empresarial, que ha dado el paso de reducir sus hábitos de consumo energético, algo, por cierto, que «las empresas españolas también habían puesto ya en práctica», recuerdan desde la patronal CEOE.