Next Generation: cuatro años después, el plan estrella de la UE se atasca en España
El Gobierno español ha pasado del triunfalismo al mutismo. Mientras países como Francia o Países Bajos ya han ejecutado más del 70% de sus fondos europeos, España apenas supera el 25%, con más de 120.000 millones aún sin utilizar
Los fondos europeos Next Generation cumplen esta semana cuatro años desde que la Comisión Europea autorizó a España el uso de 163.000 millones de euros bajo el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A pesar del tiempo transcurrido, solo se ha ejecutado un 26% del total, según un análisis de THE OBJECTIVE, lo que deja un balance preocupante cuando faltan apenas 16 meses para agotar el plazo de uso: agosto de 2026.
El optimismo inicial, sustituido por el silencio
De la “velocidad de crucero” que proclamaba la exministra Nadia Calviño en 2023 se ha pasado al silencio absoluto del Ministerio de Economía. El Ejecutivo no ha conmemorado la efeméride ni ha hecho alusión a la situación en la última rueda de prensa del Consejo de Ministros. “Las cifras no son buenas”, admiten fuentes del propio Gobierno.
Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), hasta abril de 2025 se han ejecutado 41.751 millones de euros, mientras que 121.240 millones siguen sin gastar. Este ritmo lento amenaza con dejar sin uso una cantidad millonaria que debería estar ya en proyectos activos o comprometidos.
Adjudicación lenta, ejecución aún más
Aunque el Gobierno ha puesto en marcha la plataforma Elisa para hacer un seguimiento mensual, los datos tampoco son alentadores. Hasta el 30 de abril, solo se han adjudicado 51.355 millones de euros, lo que equivale al 31,5% del total asignado. Peor aún: 78.115 millones están en licitación, es decir, apenas el 47% del total, y sin apenas avances desde enero.
“Quedarían por adjudicar unos 111.000 millones de euros”, advierte THE OBJECTIVE, subrayando que este retraso prolongado acerca a España al riesgo de devolver fondos sin gastar.
El verdadero cuello de botella: los créditos blandos
Uno de los mayores problemas identificados por economistas y organismos como el Banco de España es la falta de ejecución de los créditos blandos, que suponen 83.000 millones de euros del total. A diferencia de las ayudas directas, estos créditos no están llegando a las convocatorias, ni existen programas diseñados para su canalización.
El Gobierno baraja utilizar entidades públicas como el ICO, la SEPI, Cofides o Sepides para "consignar" los recursos antes de que expire el plazo, aunque no se utilicen efectivamente, con la esperanza de que Bruselas acepte esa fórmula como ejecución válida.
Comparación europea y advertencias institucionales
España, que fue uno de los primeros países en recibir los fondos, ha quedado rezagada respecto a otros Estados miembros. Según Eurostat, solo se ha ejecutado un 19% del total recibido hasta 2024, frente al 70% o más de países como Francia, Dinamarca o Países Bajos.
El Banco de España y BBVA Research han llamado la atención sobre el riesgo de perder los fondos, y han recomendado acelerar la ejecución al menos un 29% más rápido que el ritmo actual.
Falta de apetito empresarial y riesgos regulatorios
Otra de las preocupaciones es el escaso interés de las empresas por los créditos blandos, ya sea por falta de claridad, por los plazos o por temor a las condiciones de devolución. Además, la inestabilidad política y las investigaciones por corrupción que afectan al PSOE han contribuido al parón administrativo, según fuentes del Ejecutivo.
¿Qué exige Bruselas?
La normativa comunitaria establece que:
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Las ayudas directas deben estar desplegadas en proyectos concretos antes del 31 de agosto de 2026.
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Los créditos deben estar al menos comprometidos, aunque su devolución puede realizarse después.
Todo dependerá de si la Comisión Europea acepta que se contabilicen como ejecutados los fondos simplemente consignados en fondos de crédito público, sin haber sido todavía adjudicados a un beneficiario final.