Moncloa deberá responder si Begoña Gómez grabó vídeos privados con medios oficiales
El Consejo de Transparencia obliga al Gobierno a detallar si Begoña Gómez usó medios públicos para grabar vídeos personales
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha emitido una resolución firme que obliga al Ejecutivo de Pedro Sánchez a revelar si Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, hizo uso de medios públicos del Palacio de la Moncloa para la producción de vídeos vinculados a sus actividades privadas.
La decisión llega tras una solicitud de información registrada el 16 de diciembre de 2024, que no obtuvo respuesta por parte de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. La falta de contestación en el plazo legal de un mes, prorrogable a dos, derivó en una reclamación formal presentada el 25 de abril de 2025 ante el CTBG, que estimó favorablemente la petición el pasado 15 de julio, exigiendo transparencia en un asunto que ha sido objeto de polémica desde su publicación en diversos medios, entre ellos OkDiario.
¿Grabaciones institucionales para fines personales?
La solicitud requería saber si Gómez había utilizado equipamiento técnico como cámaras, focos, micrófonos, teleprompter y personal del departamento audiovisual de Moncloa en vídeos no relacionados con su rol institucional. La resolución ahora exige al Gobierno que detalle si se emplearon estos recursos, cuándo se utilizaron y con qué finalidad.
El mutismo inicial del Ejecutivo ha sido considerado una vulneración del derecho constitucional de acceso a la información pública, recogido en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG).
El CTBG da la razón al reclamante y marca un plazo límite
El organismo que preside José Luis Rodríguez Álvarez señala que la Administración no alegó ninguna de las causas legalmente reconocidas que podrían justificar una negativa —como la protección de datos personales o razones de seguridad nacional— y que el silencio administrativo es inadmisible en un sistema democrático. Por ello, el Gobierno está obligado a responder antes del 29 de julio de 2025, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del dictamen.
Este fallo cobra aún más relevancia al producirse en un contexto en el que el Ejecutivo ha sido reiteradamente cuestionado por su opacidad, especialmente en lo relacionado con el entorno del presidente y el uso de recursos públicos.
Crece la presión política y mediática
La noticia llega en un momento de creciente tensión política y mediática. Diversas investigaciones periodísticas han señalado que la esposa del presidente habría utilizado recursos oficiales para impulsar proyectos académicos y empresariales de carácter privado. Ahora, el Consejo de Transparencia exige saber con precisión si se incurrió en uso indebido de bienes del Estado, lo que podría derivar en responsabilidades políticas o incluso administrativas.
De no cumplirse el requerimiento, el Gobierno podría enfrentarse a acciones legales adicionales y a un nuevo revés en materia de rendición de cuentas. La resolución se interpreta como un aviso claro a las instituciones públicas: el uso opaco de los recursos comunes tiene consecuencias y debe ser fiscalizado sin excepciones.